Amilivia ve "discrepancias" entre Junta y concesionaria del HUBU en explotación de locales y control energético

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Cuentas, Maria Amilivia, señala "discrepancias" entre la Junta y la sociedad concesionaria del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en, "al menos seis temas revisados" como son el aparcamiento del personal del Sacyl; control energético; abastecimiento y tratamiento de aguas; control de gases medicinales; tarifa de comunicación plana e ingresos por explotación de locales comerciales.

Así lo ha señalado durante su decimoquinta comparecencia del año ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes donde ha presentado la fiscalización financiera de la Gerencia Regional de Salud, "con especial referencia" a los pagos realizados como consecuencia del contrato para la construcción y gestión de este centro hospitalario.

Discrepancias que, afirmó Amilivia, pueden ser objeto de una "nueva interpretación del contrato de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y, en su caso, una vez resueltas por la Administración, las resoluciones son susceptibles de recurso en la vía contenciosa", detalla a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En concreto, ha expuesto que se han revisado las 23 facturas por importe total de 83,59 millones emitidas durante 2020 en ejecución del contrato para la construcción y gestión del centro. Están referidas al gasto generado en dicho ejercicio, excepto una factura por 5.270.340 euros abonada por la cuota de diciembre de 2019 que fue contabilizada como gasto del ejercicio 2020.

Por otro lado, el pago de siete facturas por 32,47 millones excedió el plazo máximo legal de 30 días, detalla la información. Asimismo, se verificaron los informes emitidos por la oficina de seguimiento del contrato durante 2020 y 2021 como consecuencia del contrato de concesión.

"Estos informes evidencian el control de ejecución del contrato y la mejora en determinados puntos de conflicto con la sociedad concesionaria, como la instalación durante el año 2021 de 207 analizadores de red", añade el consejo.

En función de los resultados del trabajo, la institución de control externo opina que la Cuenta General de la Gerencia Regional de Salud se presenta, con carácter general, "de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación, y refleja de forma fiable su actividad económico-financiera, excepto por las limitaciones al alcance recogidas en el informe y por las incorrecciones materiales referidas en las conclusiones de este".

Se trata de una auditoría financiera que expresa una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, conforme al marco de información financiera aplicable; al tiempo que emite un informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación de las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas para su aplicación al sector público español, ha añadido.

En el periodo fiscalizado, ejercicios 2020 y 2021, el Sistema Público de Salud de Castilla y León se organiza territorialmente en once áreas de salud, que son las principales estructuras de referencia para la organización de las actuaciones sanitarias. Áreas de salud que se dividían a su vez en 248 zonas básicas de salud (circunscripciones funcionales del sector sanitario), ha detallado en su intervención.

El resultado de los trabajos quedó reflejado en las 23 conclusiones que recoge el informe.

Por ejemplo, ha citado, la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Gerencia supone más de un tercio de la Cuenta General Consolidada de la Comunidad. Así, las obligaciones reconocidas netas supusieron en 2019 el 33 por ciento, el 38 por ciento en 2020 por la influencia de la COVID-19, y el 35 por ciento en 2021.

Cuantitativamente, en 2019 ascendieron a 3.650 millones; en 2020 fueron 4.696 millones y en 2021 se cifraron en 4.384. El 97 por ciento del gasto realizado por la Gerencia en 2021 son operaciones corrientes que provienen en la práctica totalidad de obligaciones reconocidas en el capítulo de personal, con un 49 por ciento; en el de bienes y servicios, con un 31 por ciento, y en el de transferencias corrientes con un 18 por ciento, ha añadido.

Dentro del importe contabilizado en el ejercicio 2020 en arrendamientos y cánones, 83 millones corresponden a las cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos en pago por el contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del nuevo Hospital de Burgos. El canon disminuyó 1.230.037 euros respecto a 2019 y el 2021 el gasto fue de 88 millones, que representa el dos por ciento del desembolso anual de la Gerencia.

Las obligaciones reconocidas por la GRS en el capítulo de transferencias suponen el 15 por ciento de la liquidación del presupuesto de gastos en 2020 por 738 millones de euros y un 17 por ciento en 2021 por 773, correspondiendo un 96 por ciento a gasto farmacéutico.

INCORRECCIONES

Por su parte, ha detectado incorrecciones referentes al inmovilizado de la GRS, es decir, al valor de los bienes muebles e inmuebles. "En esta línea, la entidad no dispone de un inventario completo, actualizado y conciliado con las cifras registradas contablemente, a lo que se añade, precisó, la falta de funcionamiento del módulo de activos dentro del Sistema de Información Contable de la Comunidad (Siccal) para la Gerencia Regional de Salud, instrumento que se utiliza para reflejar el valor del inmovilizado inventariado en la contabilidad", explica.

Amilivia ha subrayado en este punto como información actualizada que la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad del 2022 permitió verificar la implantación en el Siccal del módulo de activos para construcciones y terrenos, si bien faltaría para el resto del inmovilizado.

En segundo lugar y, en consecuencia, "la dotación a la amortización por la pérdida de valor que supone el uso u obsolescencia de los bienes es una estimación global en función de la naturaleza de la cuenta contable, no siendo calculada en función de cada bien y de su vida útil, lo que afecta al resultado del ejercicio de una forma que no es posible cuantificar". Tampoco se registran en la contabilidad las bajas de inmovilizado ni de forma global ni individualizada, con las implicaciones que ello conlleva.

En cuanto al convenio entre la Gerencia y la Tesorería de la Seguridad Social para el pago de las cotizaciones de los trabajadores, la cuenta que recoge la corriente financiera de dicho convenio en 2020 y 2021, presentaba a cierre del ejercicio 2019 un saldo deudor de 198,83 millones cuando la liquidación del ejercicio fue a favor de la Gerencia por 4.053.123 euros.

En 2020 el saldo era deudor por 64,08 millones cuando en realidad la liquidación fue a favor de la Tesorería de la SS por 29,60 millones. Y en 2021 tenía un saldo deudor de 196.427 cuando la liquidación fue a favor de la Tesorería por 8.393.749, ha detallado.

Con relación a las deudas con las administraciones públicas que refleja el pasivo del balance en 2020, incluyen un saldo deudor de 215,94 millones en la cuenta 'Organismos de Previsión Social, acreedores', si bien se trata de una cuenta acreedora por definición "que refleja la deuda con la Seguridad Social por las cuotas correspondientes a los trabajadores y a la entidad".

En cuanto a la verificación del principio de temporalidad presupuestaria, Amilivia ha subrayado que los gastos generados en años anteriores deben, para poder ser detectados, registrarse en documentos contables concretos.