Del Olmo no fue informada sobre la intención de comprar 'La Perla Negra'

VALLADOLID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La que fuera consejera de Hacienda en 2003, Pilar del Olmo, ha sostenido hoy que desconocía por completo la operación de compra del Edificio de Soluciones Empresariales, más conocido como 'La Perla Negra', sito en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), pues, como así ha asegurado, delegó solo en la Consejería de Economía y Empleo, dirigida por Tomás Villanueva, las gestiones para el alquiler del inmueble.

Tal y como ya declaró por esta causa el 15 de mayo de 2017 ante el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid, entonces por videoconferencia desde su despacho y como titular en aquellas fechas de la Consejería de Economía y Hacienda, Del Olmo se ha mostrado categórica al asegurar que en 2007, cuando dirigía el segundo de ambos departamentos, estuvo por completo al margen de las gestiones iniciales para el alquiler de 'La Perla' y posterior adquisición del inmueble.

Fue a finales de 2007 o primeros de noviembre cuando el ya fallecido Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo, se personó en su despacho para pedirle que delegara en su departamento la gestión para alquilar un edificio en el que poder reubicar los servicios centrales de su consejería, a lo que ella accedió emitiendo la orden correspondiente y sin que a partir de ese momento realizara control alguno de dicha operación.

La testigo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha precisado que el departamento de Villanueva quedaba obligado a rendir cuentas de las gestiones a la Consejería de Hacienda, algo que, sin embargo, "nunca se hizo", al tiempo que ha asegurado desconocer que a esa primera primera encomienda de gestión de la Secretaría General de Hacienda en la de Economía siguiera una segunda entre el secretario de Economía, Rafael Delgado, y Gesturcal para la compra del inmueble y tampoco las dos tasaciones encargadas en 2009 por su departamento a Alia y Tinsa sobre el precio de compra de 'La Perla', cifradas en 39 y 41,7 millones, respectivamente.

Aunque se necesitaban tres firmas para pagar dichas tasaciones, una de ellas la suya propia, la declarante reconoce que firmó pero sin saber que se trataba de valoraciones sobre el precio de compra del edificio de Arroyo, algo que, como así ha censurado, no era lo que ella autorizó en la orden firmada en 2007 pues la misma tan solo se refería al alquiler del edificio.

Del Olmo ha ratificado también que la Consejería de Hacienda que dirigía tampoco tenía control alguno del gasto de alquiler y posterior adquisición porque ambas se hicieron a través de la sociedad pública Gesturcal, sometida a auditorías públicas pero cuyo endeudamiento no computaba como deuda de la Comunidad. "No tenía sentido controlar ese endeudamiento porque no computaba a efectos de endeudamiento", ha insistido la exconsejera.

A lo largo de su declaración, la consejera ha justificado buena parte de su desconocimiento de los hechos en que su cometido principal es de "impulso político", no tanto de estar al corriente de las gestiones administrativas de su departamento, y ha apuntado que la operación de 'La Perla', pese a que supuesto un coste cercano a los 70 millones de euros, ni siquiera fue abordado en Consejo de Gobierno de la Junta.

ADJUDICACIÓN SIN CONCURSO A UNIFICA

Sí ha recordado que el 16 de mayo de 2016 dio personalmente la orden a los Servicios Jurídicos de la Junta para personarse como acusación particular en el presente proceso judicial, y ello cuando a requerimiento de documentación por parte del juzgado comprobó la inexistencia de "expediente, publicidad, concurrencia y concurso" para los trabajos adjudicados a la empresa Unifica para la compartimentación interior y señalética de 'La Perla' por importe superior a los cuatro millones de euros.

"Revolviendo papeles se pudo comprobar que no había habido procedimiento administrativo para esa adjudicación y por eso tomé la decisión de personar a la Junta, sin pasar esa decisión por Consejo de Gobierno, porque estaba facultada como consejera", ha justificado.

Durante el interrogatorio, la consejera ha negado también que el propio presidente de la Junta se pusiera en contacto con ella a raíz de que el entonces delegado territorial de la Junta y por aquellas fechas vocal de Gesturcal, Pablo Trillo, trasladara a éste su disconformidad con los "disparatados" precios de alquiler y compra de 'La Perla', a pesar de que este último afirmara en su día que Juan Vicente Herrera se dirigió a Villanueva para que se dejara guiar por los técnicos de la Consejería de Hacienda.

Tampoco la exconsejera estaba al corriente de la operación para adquirir terrenos en Portillo (Valladolid) para la creación de un polígono industrial que nunca llegó a ejecutarse y donde varios propietarios, los hermanos Eliseo e Isidoro Martín Martín, vendieron distinta parcelas a dos de los acusados, los empresarios Luis Ángel Rodríguez Herrero y Germán Martín Giraldo.

Ambos hermanos han coincidido al señalar que el primero de los acusados habló de instalar una fábrica de zapatos en una parcela y el segundo comentó la idea de desarrollar un área industrial, si bien "allí no se ha hecho nada, las tierras siguen perdidas, aquello es un prado", ha precisado Eliseo Martín.

EL JUEVES, JUAN VICENTE HERRERA

También ha testificado María Loreto Gómez Sanz, otra de las propietarias de terrenos en Portillo que vendió una parcela a través de "tratos indirectos" con el industrial y acusado Luis Ángel Rodríguez Herrero, testimonio al que ha seguido el de un agente de la Policía Nacional, intrascendente, con el que se ha puesto fin a la sexta jornada del juicio que se celebra en la Audiencia de Valladolid y que el próximo jueves conocerá la versión de los hechos ofrecida por el que fuera presidente de la Junta en la época investigada, Juan Vicente Herrera.

El proceso judicial investiga la compra de 'La Perla' y el fallido polígono industrial de Portillo, operaciones que, según las acusaciones, fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo) a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal SA y a partir del año 2008 ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, como acusación particular, para ocho de los encausados.