BURGOS, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Interior del Partido Popular y portavoz de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, ha avanzado este lunes en Burgos las propuestas incluidas en el programa electoral de su formación en materia de Seguridad Ciudadana.
Lo ha hecho en el marco de un encuentro con asociaciones y sindicatos de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de la provincia, acompañada de los candidatos número uno al Congreso y al Senado, Ángel Ibáñez y Javier Lacalle, respectivamente, así como del resto de miembros de las listas del PP de Burgos a las elecciones del 23 de julio.
Ana Vázquez ha asegurado que la seguridad es una de las prioridades de su formación. Tras señalar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desmantelado paulatinamente el número de efectivos de Guardia Civil y Policía en entornos rurales, discriminando a provincias como la de Burgos, ha advertido de que "derogar al sanchismo es la mejor manera de mejorar la seguridad de los burgaleses".
De esta forma ha adelantado que una de las propuestas del PP es el refuerzo de la presencia de Guardia Civil y Policía en provincias eminentemente rurales como Burgos.
Como dato, ha advertido que el 60 por ciento de los cuarteles de la provincia están cerrados a partir de las 14.00 horas, una situación que avanza, no se puede sostener.
También proponen completar la equiparación salarial iniciada por Mariano Rajoy, así como el refuerzo del principio de autoridad para garantizar la seguridad de los agentes y reducir el elevado número de agresiones a efectivos.
Según ha precisado la 'popular', desde 2015, estas agresiones se han incrementado un 40 por ciento de media en España.
Vázquez ha asegurado que otra de sus prioridades es castigar la multirreincidencia, para lo que plantean penas de cárcel en el caso de cometer tres o más delitos. "El sanchismo ha protegido al delincuente, el PP va a proteger a los comerciantes y propietarios", ha insistido la "popular".
LUCHA CONTRA LA OKUPACIÓN ILEGAL
Ana Vázquez también ha avanzado que quieren proteger y defender la propiedad de las viviendas, para lo que proponen un "plan antiokupas" para mejorar la protección jurídica frente a la ocupación de viviendas.
Entre las medidas planteadas incluyen el desalojo de la vivienda en un máximo de 48 horas, o la retirada inmediata de subvenciones y ayudas públicas a la persona que está ocupando una propiedad. "Nuestro objetivo es proteger al propietario", ha zanjado.
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