Actualizado: viernes, 23 junio 2017 16:01


VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este viernes con los votos a favor de PP y la abstención de Ciudadanos y UPL la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas para 2017, que acompaña al presupuesto también aprobado hoy, con la que se elevará de 250.000 a 300.000 euros el mínimo exento en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones bonificada al 99 por ciento para las herencias directas, las de padres a hijos y entre cónyuges.

Esta es una de las principales novedades de la ley de este año fruto del "acuerdo puntual" alcanzado en su día por la Junta con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para sacar adelante las cuentas de este año -Castilla y León mantenía prorrogados hasta hoy los presupuestos de 2016--.

Esta rebaja del mínimo exento en el Impuesto sobre Sucesiones, que supondrá 8 millones de euros para las arcas de Castilla y León y afectará a 1.300 ciudadanos, entrará en vigor precisamente tras la aprobación de los presupuestos de 2017 en el objetivo de la Junta de intentar suprimir de nuevo este impuesto, algo que no ha podido hacer hasta la fecha por la necesidad de ingresos.

"Felicitaciones a la última Comunidad Autónoma en aprobar unos presupuestos que consolidan los recortes y que tendrán a penas tres meses de ejecución", ha ironizado el procurador de Podemos Félix Díaz Romero, para quien Junta y PP han sido "unos linces", animal que ha elegido para recordar que esta especie no está en Castilla y León.

Desde las filas socialistas, José Francisco Martín ha centrado sus principales críticas a esa nueva rebaja en el Impuesto de Sucesiones "a cuatro familias" que, según ha insinuado, conocerán en el PP y "sus cómplices" de Ciudadanos para ahorrar 8 millones que pagarán el resto de los ciudadanos de Castilla y León.

"Supongo ya habrán recibido los correspondientes agradecimientos", ha ironizado al respecto ante lo que el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel ha defendido la importancia de esta medida ante un problema de partida, "la doble imposición" a unos herederos directos que han formado parte de una unidad familiar que ya ha contribuido.

Mitadiel ha aclarado también que las cuantías de la exención no permiten hablar de ricos para parafrasear a un "eminente socialdemócrata" que abogó por repartir la riqueza y no la miseria.

Por otro lado, Martín ha cuestionado la labor de la Junta en el sector público regional que, según ha aclarado, no está saneado sino "saqueado y en el juzgado". "Se lo llevaron todo, todo lo que pudieron de esos chiringuitos financieros", ha recordado a su interlocutor del PP, Salvador Cruz, que ha defendido que el sector público de Castilla y León es "reducido" para retar al PSOE a hablar de Andalucía o de Cataluña, donde gobernó.

"Su barco pirata se llamada Perla Negra", ha recordado Díaz Romero al PP, quien se ha comprometido a seguir construyendo pueblo y patria con la gente para hacer de Castilla y León la tierra con la que soñaron los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado cuando lucharon contra el emperador alemán Carlos V, referencia que ha utilizado para comparar la actual situación de sumisión a la canciller Ángela Merkel.

LA LEY

Otra de las novedades de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas para 2017 es una moratoria de cinco años en el Impuesto sobre la Afección Medioambiental para las nuevas inversiones en materia de energías renovables en Castilla y León con el objetivo de no perder oportunidades en las subastas de capacidad de generación de energía mediante tecnologías renovables.

Con esta moratoria se eximirá del pago del citado impuesto a las nuevas inversiones en materia de renovables que se implanten en el territorio de Castilla y León desde el convencimiento de que pasados esos cinco años quedarían amortizadas esas nuevas inversiones. Del Olmo ya ha aclarado que esta moratoria no supondrá un coste para las arcas regionales que sí dejarán de ingresar por esta tributación concreta de las nuevas inversiones.

La novedad de 2017 de aplicación desde el 1 de enero es una deducción del 15 por ciento en el tramo autonómico del IRPF para incentivar la rehabilitación de inmuebles rurales destinados a alquileres inferiores a los 300 euros al mes durante cinco años en los municipios de menos de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 si dista menos de 30 kilómetros de la capital de cada provincia en ese objetivo de atraer habitantes al medio rural y generar actividad y empleo en los pueblos.

Para acceder a esta bonificación del 15 por ciento de la inversión en el IRPF con un máximo de 20.000 euros, será necesario que el valor de la edificación no supere los 135.000 euros. La convocatoria estará abierta a cualquier contribuyente, con independencia de su nivel de ingresos.

Además, la Junta prevé equiparar la desgravación para jóvenes menores de 36 años por compra o mejora de la vivienda habitual en los pueblos con las mismas características que las anunciadas para la realización de obras con destino al alquiler. En este caso, la bonificación pasa del 5 por ciento o el 10 por ciento, según el caso, hasta el 15 por ciento para equipararse con la destinada a favorecer el arrendamiento rural.

Del mismo modo, se amplía de 10.000 a 20.000 euros el importe con derecho a deducción de los trabajos de carácter medioambiental que se efectúen en los inmuebles o para adaptarlos a personas con discapacidad.

Otra de las modificaciones fiscales más relevantes de la nueva ley tiene que ver con la deducción para el fomento del emprendimiento que permite a los contribuyentes desgravarse el 20 por ciento de las cantidades dedicadas a la compra de acciones o participaciones de empresas de nueva creación o en fase de expansión, "siempre que las compañías destinen los recursos a un proyecto de inversión en Castilla y León y amplíen la plantilla de empleados". Se prevé la reducción del límite mínimo --del 1 por ciento al 0,5 por ciento-- y la ampliación del máximo --del 40 por ciento al 45 por ciento-- del capital social cuya adquisición da derecho a aplicar la desgravación y que supondrá unos 250.000 euros a las arcas regionales.

Por otro lado, se define el concepto de plantilla "de forma más incluyente" de modo que la normativa computará a los autónomos económicamente dependientes de la sociedad y a los empleados por cuenta propia que tengan el carácter de familiares colaboradores de titulares de acciones o participaciones.

Castilla y León mantendrá en 2017 las ventajas tributarias para las empresas del juego que preserven los puestos de trabajo ya que este sector emplea de forma directa a un millar de personas y se regulará la aplicación de un tipo del 1 por ciento a los cartones de bingo del tipo especial para los primeros 400.000 euros jugados, en consonancia con lo que ocurre en otras autonomías, con un coste para las arcas regionales de 500.000 euros.

En materia de tasas y precios públicos, que se congelan de nuevo, habrá ocho modificaciones entre las que destaca la relativa a la prestación de servicios veterinarios para determinadas explotaciones agrícolas con la supresión temporal de la obligación de pago para el transporte y circulación de bovino procedente de explotaciones con orientación láctea y de ovino y caprino criado en instalaciones dedicadas a lácteo o cárnico.

En el caso de las familias numerosas se elimina el requisito de capacidad económica para aplicarse las exenciones y bonificaciones a las que tienen derecho sobre la tasa por la expedición de títulos y certificados académicos y por la realización de pruebas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias.

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