Arroyo pide implicación del Defensor del Pueblo y la FEMP en la "lucha contra la okupación"

   ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha reclamado la implicación del Defensor del Pueblo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP CyL) en la "lucha contra la okupación".

   El alcalde, Sarbelio Fernández, ha remitido esta semana tres cartas a las presidentas de las federaciones regional y nacional de municipios y provincias, así como al Defensor del Pueblo, para pedir su apoyo ante este "problema que se vive desde hace casi tres años en una comunidad de vecinos" del municipio, pero que "se extiende a otras localidades y ayuntamientos de todo el país".

   Fernández ha exigido a estas autoridades la "implicación" en "la denuncia y búsqueda de soluciones reales a la okupación de viviendas". "Ese asalto a la propiedad privada se ha convertido en un método indirecto para el acceso a una vivienda social sin que sus beneficiarios tengan que cumplir con el procedimiento establecido para beneficiarse de esa ayuda pública", ha lamentado en las misivas.

   El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda aprobó recientemente una moción en este mismo sentido, en la que conminaba al Gobierno y a las Cortes Generales a la adopción de medidas y cambios legales para arbitrar herramientas para combatir esta situación.

   "La okupación ha derivado en un perverso e ilegal sistema de acceso a la vivienda. Primero se asalta y ocupa ilegalmente una propiedad y, posteriormente, abusando del sistema de protección social, se obtiene el título para mantenerse de forma permanente en ella", ha advertido el alcalde de Arroyo en sus cartas dirigidas, respectivamente a Ángeles Armisén, María José García Pelayo y Ángel Gabilondo.

   Asimismo, el regidor ha acusado al Gobierno de España de "promover políticas de Estado que dan protección al okupa y convierten en vulnerable al propietario, al trabajador que se paga su piso con su esfuerzo diario", una situación que "no ocurre en ningún país de la Unión Europea y sobre lo que la FEMP guarda silencio", ha aseverado.

   En este sentido, ha apuntado a lo que sucede en la comunidad Arroyovereda, donde "más de 200 vecinos llevan casi tres años soportando una situación de conflicto social motivada por la okupación de cerca de la mitad de las viviendas del edificio en el que residen".

   "Esto, lejos de resolverse, lleva camino de consolidarse debido a que los ocupantes ilegales están cerca de obtener su 'premio' con la conversión en viviendas sociales de estos inmuebles por las que abonarán un alquiler social al Sareb", ha censurado el alcalde, para criticar el "papel de esta entidad que parece haberse convertido en una suerte de inmobiliaria que regala alquileres sociales y convierte en públicos unos inmuebles que no se concibieron para tal fin".

   Fernández ha subrayado que desde el Ayuntamiento no van a "admitir que las perjudicadas sean las familias" y ha insistido en que es "urgente arbitrar los procedimientos necesarios para proceder al desalojo inmediato de las viviendas ocupadas ilegalmente y revisar la aplicación de políticas que, de facto, legalizan okupaciones al amparo de los sistemas de protección social del que abusan los ocupantes ilegales".

   Por todo ello, ha demandado al Defensor del Pueblo, la FEMP y la FRMP "una defensa firme de la autonomía municipal y autonómica en materia de vivienda, sin la interferencia del Estado, a través del Sareb", así como promover cambios legislativos para modificar "esta perversa Ley de Vivienda que favorece al okupa y castiga al propietario", así como la Ley de Bases de Régimen Local que "obliga a los ayuntamientos a empadronar a los okupas".