Exhorta a los fieles a que se abstengan de participar en actos en el Monasterio de Santa Clara de Belorado o el de Santa Clara de Orduña
BURGOS, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El Arzobispado de Burgos ha rechazado la acusación "injusta e indiscriminada" de "silencio y aquiescencia de los pastores" realizada por las Clarisas de Belorado por la "persecución" que sufren y que "ha puesto palos de rueda" a su comunidad por estar "bloqueadas" por Roma al no otorgarles la licencia de venta del convento de Derio y ha explicado que este asunto ni es de su competencia y no se ha recibido ninguna comunicación ni petición a este respecto, motivo por el que ha puesto estos hechos en conocimiento de la Santa Sede.
También ha informado de ello al Nuncio Apostólico, al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y a los obispos de Vitoria y de Bilbao, de manera que procederá según las indicaciones de la Santa Sede, según ha detallado el Arzobispado de Burgos en un comunicado recogido por Europa Press.
Ante esta situación, el Arzobispado ha exhortado a todos los fieles a que se abstengan de participar en ningún acto litúrgico realizado en el Monasterio de Santa Clara de Belorado ni en el Monasterio de Santa Clara de Orduña.
Se trata de un comunicado en respuesta al anuncio realizado este lunes por parte de las Clarisas de Belorado de abandonar la Iglesia Católica en el que también han asegurado que, a partir de este lunes, será Pablo de Rojas quien celebre la Misa en el Monasterio, y al que el arzobispo "advierte de la gravedad del acto y de la pena canónica en que incurren".
Desde el arzobispado se detalla la situación de los monasterios de Belorado y Orduña, que son la causa de este conflicto y se especifica que "han estado asistidas diariamente por sus capellanes y que las monjas manifestaban sentirse contentas y agradecidas".
Todo comenzaba con la intención de las Clarisas de Belorado de comprar el monasterio de Orduña, de la diócesis de Vitoria, que se encontraba suprimido canónicamente y vacío y "es propiedad de las clarisas de Vitoria".
La compra se firmó en octubre del 2020, por un importe de 1,2 millones de euros y una demora de dos años. En dicho acto de compra-venta se aportan 100.000 euros y se comprometen a realizar pagos semestrales de 75.000 euros.
El primer pago debía realizarse el 1 de noviembre de 2022, pero nunca se ha hecho ningún pago. A principios de marzo de 2024, Sor Isabel manifiesta tener un benefactor que comprará y pondrá a nombre del propio benefactor el Monasterio, llegarán a un acuerdo de uso y lo revenderán a la comunidad de Belorado cuando obtengan el importe procedente de la venta del Monasterio de Derio. Pero el nombre de benefactor no se dio a conocer, sobre su nombre se mantiene un mutismo absoluto, y a fecha de hoy no se conoce, y hay temor que sea ajeno a la Iglesia Católica.
El 7 de mayo, la comunidad de Belorado es convocada por la comunidad de clarisas de Vitoria ante un notario para rescindir el contrato de compra-venta a instancias de esta última comunidad. En la notaría, Sor Isabel, acompañada por Sor Paz y Sor Sión, entrega un pliego reclamando 1.600.000 euros como pago por el importe de las obras realizadas por su comunidad en el Monasterio de Orduña y un 30% por daños y perjuicios. Al no aceptar Sor Isabel la rescisión del contrato lleva el asunto a instancias judiciales.
Desde el arzobispado de Burgos se manifiesta que, a día de hoy, no se ha recibido documento alguno, ni en Burgos, ni en los obispados de Vitoria o Bilbao y rechazan las acusaciones "injusta e indiscriminada" de "silencio y aquiescencia de los pastores", como se reflejaba en el documento remitido por las clarisas así como las acusaciones, en términos similares, a la "Cátedra de Pedro" sobre "contradicciones, lenguajes dobles y confusos, ambigüedad y lagunas de doctrina".
La comunidad ha manifestado su intención de abandonar desde hoy, 13 de mayo, la Iglesia Católica, "situándose bajo la tutela y jurisdicción del Sr. D. Pablo de Rojas Sánchez-Franco, excomulgado en julio de 2019", como refleja la documentación enviada.
El arzobispo, Mario Iceta, ha advertido de la "gravedad" del acto y de la pena canónica en que incurren y pone en conocimiento de este asunto a la Santa Sede, al Nuncio Apostólico, al presidente de la Conferencia Episcopal, al presidente de la Comisión de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal y a los obispos de Vitoria y de Bilbao. Se procederá según las indicaciones de la Santa Sede.