La Audiencia de Valladolid confirma la imputación del ex alcalde, Blanco y Sánchez por las 'comfort letter'

   VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Audiencia de Valladolid ha ratificado el auto de imputación dictado contra el ex alcalde de la ciudad, el 'popular' Javier León de la Riva; el ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y el que fuera responsable de Movilidad, Manuel Sánchez, por las tres cartas de conformidad ('comfort letter') que comprometían al Ayuntamiento a devolver 100 millones de los 400 millones concedidos por un consorcio bancario para el soterramiento del tren a su paso por la capital.

   En un auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid desestima los recursos de apelación de los encausados contra el auto de imputación del mes de julio del Juzgado de Instrucción número 4, por lo que los tres compartirán banquillo para responder el ex alcalde de tres delitos de prevaricación y otros tantos de falsedad documental y su excompañeros de bancada de tres delitos de prevaricación.

   Fiscalía solicita para León de la Riva una condena de nueve años de cárcel y 33 de inhabilitación por las tres cartas de conformidad suscritas en 2008, 2010 y 2011, todas con naturaleza de aval y la última de ellas que comprometía al Ayuntamiento a aportar 100 millones, el 25% del crédito de 400 que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cerró con un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento.

   Junto con la pena de cárcel y su inhabilitación, la acusación pública interesa para León de la Riva una multa de 7.200 euros y la responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Códido Penal. Por su parte, para el ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, todavía hoy en la bancada 'popular', y el ex edil de Movilidad, Manuel Sánchez, Fiscalía pide para cada uno de ellos 24 años de inhabilitación.

   El Ayuntamiento de Valladolid pide al exregidor una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación administrativa, así como siete de inhabilitación para Blanco y Sánchez, en su condición de entonces integrantes del Consejo de Administración de la SVAV, como autores de un delito de prevaricación pasiva o por omisión.