Imputados los Samaniego y el contable por sobrecostes de más de 2,4 millones de euros

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha dictado auto de imputación contra el que fuera jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de la capital, Luis Alberto Samaniego, su hijo, el primo del primero y el contable del grupo de empresas de la familia como consecuencia de los sobrecostes por importe superior a los 2,4 millones de euros percibidos en el periodo 2000-2014.

   En su auto, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la juez Verónica María Marcos acuerda transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado contra Luis Alberto Samaniego, su hijo Luis Javier, el primo del primero y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, por entender que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos continuados de prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad.

   La decisión de la juez obedece a los supuestos sobrecostes por importe de 2.464.647 euros percibidos por el grupo de empresas de los Samaniego entre 2000 y 2014, de ellos 671.8677 en concepto de perjuicio por sobrecostes en la facturación, 893.268 como perjuicio de ausencia de baja, 537.849 de perjuicio como beneficio ilícito de los investigados y 361.653 de perjuicio por los intereses de demora.

   En su auto, la instructora acuerda el sobreseimiento provisional respecto de las diligencias sobre dos contratos de arrendamiento de dos naves a empresas de la familia Samaniego entre los años 2002 y 2007 por los que el Consistorio pagó 300.000 euros, al no hallar indicios de delitos en los mismos.

   En el relato de hechos presuntamente delictivos, la juez recuerda que Luis Alberto Samaniego, desde su cargo de jefe del Centro de Mantenimiento, encargado de gestionar y contratar la realización de pequeñas obras, formalizó en el periodo investigado, entre 2000 y 2014, un total de 1.316 facturas en favor de empresas familiares por importe de 11 millones de euros, de ellos más de 9,5 millones por contratos menores.

   Y ello, como así advierte el auto judicial, "a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba, y sin poner en conocimiento del Ayuntamiento dicha circunstancia, y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar", a lo que la juez del caso añade que en unos casos las facturas hacían referencia a trabajos ni siquiera ejecutados, en otros casos a obras efectuadas por funcionarios municipales y en otros a tareas que no se correspondían con las realizadas.

   La resolución judicial, que pone fin a la instrucción y que abre la vía para que los imputados se sienten en el banquillo, será recurrida por el Ayuntamiento, tal y como ha anunciado el propio alcalde, Óscar Puente, con el fin de que se incluya entre los hechos probados el detalle de que algunos trabajadores de las empresas de Samaniego percibieron también un sueldo del propio Consistorio.

   "Se trata de una actividad delictiva organizada y continuada en el tiempo en la que hubo una confusión total porque había trabajadores del grupo de empresas de los Samaniego que acabaron cobrando también del Ayuntamiento", ha añadido el responsable de los servicios jurídicos municipales, Rafael Guerra.

"ENORME GRAVEDAD Y TRASCENDENCIA ECONÓMICA"

   En cualquier caso, el alcalde mantiene que los hechos atribuidos a los cuatro imputados son de "enorme gravedad y trascendencia económica" y que, como así advierte, "dejan bien claro que durante catorce años hubo en el Ayuntamiento una absoluta falta de control por parte del entonces equipo de gobierno sobre el Servicio de Mantenimiento".

   Frente a ello, Puente, en declaraciones recogidas por Europa Press, recuerda que tuvo que ser él, desde la oposición, quien llevara al asunto ante los tribunales, mientras el equipo del PP "quería limitarse a abrir un expediente disciplinario y que ni siquiera afectó al interesado porque para entonces Samaniego ya se había jubilado".

   En este sentido, el alcalde ha acusado al anterior equipo de haber obstaculizado la investigación y de "mirar para otro lado" en un asunto que, como así destaca, "va a permitir que los responsables respondan ante la Justicia y también recuperar el dinero en el que se ha visto perjudicado el Ayuntamiento y que se va a reclamar hasta el último céntimo".

   En su comparecencia ante los medios, el primer edil vallisoletano ha confesado un doble sentimiento, el de "tristeza por que este tipo de hechos hayan ocurrido en esta casa y el de satisfacción por haber demostrado que la labor de la oposición, pese a la incomprensión de algunos, va camino de resarcir a los ciudadanos de los perjuicios que otros les causaron".

   A falta de los recursos previsibles de los imputados, de reforma en un plazo de tres días y de apelación ante la audiencia en cinco días, tanto Puente como el asesor jurídico municipal descartan a priori citar al exalcade, Javier León de la Riva, porque, en palabras del primero, "no parece que tenga mucho sentido, salvo que se produjera un giro inesperado", a la vez que coinciden en que los incluidos en el presente auto de imputación se exponen a penas de cárcel muy graves.

-. Firma: AEC .-