VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado al secretario de Política Económica del PSCL, Julio López, que nadie se ha podido deducir de los beneficios fiscales correspondientes al año 2010 porque la declaración de ese ejercicio se presenta en 2011.
"Es de sentido común", ha aseverado el portavoz de los 'populares' en las Cortes, quien, tras dar una "clase de derecho tributario" a Julio López, ha admitido que si alguien con derecho a deducción no se hubiera podido optar a esos beneficios fiscales "se sabría" porque en 2010 alcanzaban a más de 160.000 personas.
Fernández Carriedo, que se ha mostrado "absolutamente tranquilo" a este respecto, ha asegurado que la Junta de Castilla y León desarrollará el reglamento para poder llevar a cabo las deducciones fiscales de 2010.
Respecto a las críticas del socialista de que los beneficios fiscales de 2011 son "injustos" porque no llegarán a las personas que no estén obligadas a presentar la declaración del IRPF, Fernández Carriedo ha aclarado que, aunque no estén obligados, los declarantes con rentas menores sí pueden presentar esa declaración en caso de devolución.
Para Fernández Carriedo lo que se puede intuir de las críticas de López es que al PSOE no le gustan las deducciones fiscales "y por eso este año las ha quitado", ha ironizado, al referirse a las ayudas eliminadas para la adquisición de vivienda.
Carlos Fernández Carriedo ha pedido también a los socialistas que hagan las valoraciones sobre la ejecución del presupuesto cuando termine el año, y no antes, y se ha mostrado convencido de que este año se repetirán porcentajes de ejecución similares a los de 2009, cuando se alcanzó el 98 por ciento.
"Lo lógico es analizar el nivel de ejecución a año cerrado", ha sentenciado el portavoz de los 'populares' en las Cortes, para quien si el PSCL admite que no se pueden incluir en el presupuesto de la Junta los 211 millones del Fondo de Cooperación es una muestra de que el modelo de financiación autonómica es aún más perjudicial para Castilla y León.