VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos (Comfía) de Comisiones Obreras, José María Martínez, ha asegurado que más de un centenar de personas habría tenido derecho preferente sobre el exalcalde de León, Francisco Fernández, a una prejubilación en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Martínez, en una rueda de prensa celebrada en Valladolid, ha asegurado que el sindicato pedirá explicaciones en el Consejo de Administración de la entidad que se celebra este jueves sobre esta prejubilación, que asciende a 520.000 euros.
El responsable de Comisiones ha afirmado que tienen "un dato", que si la prejubilación "se hubiera hecho conforme a las normas, al menos una norma se ha incumplido" porque "hay más de cien personas con mejor derecho a haber accedido a una prejubilación, han cumplido los años antes que esta persona".
Por ello, Martínez ha insistido en que quieren saber si esta medida se ha incumplido a la luz de los acuerdos porque hay personas que tenían un "derecho preferente" y no se han acogido porque no se ha cumplido el requisito de edad aún.
CARGO PÚBLICO
Aún así, considera que "más allá de si se ha pisado la continua o no" es "muy llamativo y éticamente reprobable" la situación de una persona que tiene "todo el derecho del mundo" a volver a su puesto de trabajo tras un periodo de excedencia por cargo público, pero que si va a tener un cargo público "subsiguiente", puede permanecer en esa excedencia porque siempre tiene asegurado el reingreso cuando deje esa función.
"La entidad no está precisamente sobrada de recursos como para que haya una situación de este tenor y tan cuantiosa", ha añadido el responsable de Comisiones.
Así, el sindicato pedirá en el Consejo que se informe de los detalles de esta jubilación o baja y saber concretamente si está dentro del ERE acordado y si se han cumplido sus requisitos, desde el pacto laboral hasta la autorización administrativa.
Si no fuera así, Martínez ha adelantado que exigirán las responsabilidades que tengan lugar si alguien se ha saltado una norma y una autorización administrativa.