Actualizado: viernes, 3 febrero 2017 13:30


VALLADOLID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado a las administraciones públicas un "compromiso" para afrontar el cáncer de origen laboral, que ha sido el "agujero negro" de la prevención en España en 2016, con motivo de la celebración del Día Mundial de esta enfermedad, según ha indicado el sindicato a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tan sólo comunicaron 36 casos el pasado año, 22 con baja y 14 sin baja, lo que para CCOO "contrasta" con las estimaciones más "prudentes" que elevan a 10.000 los casos de tumores debidos a exposición a agentes cancerígenos en el trabajo.

Estas cifras concuerdan, además, con los datos de la Comisión Europea que estima que el cáncer es el responsable del 53 por ciento de las muertes producidas por el trabajo en la UE.

Sin embargo, esta falta de registro del cáncer profesional "priva", según las mismas fuentes, a los trabajadores afectados de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional, algo que supone unos "elevadísimos" costes para los sistemas públicos de salud ya que las Mutuas les trasladan los costes económicos de los tratamientos que ellas deberían asumir, y "resta" eficacia a los sistemas preventivos porque "lo que no se registra no se previene".

Por ello, el sindicato ha considerado que no pueden volver a repetirse situaciones como las generadas por la reciente sentencia de Tribunal Supremo, que por una "simple" cuestión procedimental ha anulado las sentencias anteriormente conseguidas por los extrabajadores y sus familias de la antigua fábrica de Uralita en Getafe y les ha "obligado" a devolver las indemnizaciones recibidas.

En este sentido, CCOO también ha estimado necesario impulsar medidas que faciliten la eliminación de agentes cancerígenos en los centros de trabajo, agilizar los procesos de revisión del listado de enfermedades profesionales o extender el derecho a la vigilancia de la salud postocupacional al conjunto de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos, tal y como exige la legislación en vigor, sin olvidar la financiación de líneas específicas de investigación en cancerígenos presentes en las empresas españolas.

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