Clemente asegura que la formación en las entidades locales es clave para la fiscalización de sus cuentas

SEGOVIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, considera que la formación de los funcionarios de las entidades locales es clave para la fiscalización de sus cuentas.

Así lo ha indicado en la inauguración de la Jornada sobre Transparencia y Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, organizada por el Consejo de Cuentas de Castilla y León y que se ha desarrollado este viernes en el centro segoviano de San Juan de los Caballeros, cita a la que han acudido más de 200 personas, con alcaldes y trabajadores de los ayuntamientos entre ellos.

La rendición de cuentas, como ha recordado la presidenta, permite a los ciudadanos conocer los ingresos que los ayuntamientos han recaudado en un año, cuánto se han gastado en el ejercicio y en qué se han gastado los recursos que han obtenido, lo que en definitiva "aumenta la confianza en la gestión municipal". La sociedad actual, como ha señalado, exige cada día un mayor nivel de transparencia como base fundamental de la confianza de los ciudadanos en las instituciones que los representan.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León se encarga, entre otras funciones, de fiscalizar la gestión económica y financiera de los 5.000 ayuntamientos y entidades del sector público local de la región. Para llevar a cabo esta labor es necesario que estas entidades presenten sus cuentas ante dicha institución y que lo hagan dentro del plazo legalmente establecido.

DIFICULTADES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Castilla y León reúne 2.248 municipios. Es decir, más de un cuarto del total español y de los que el 88,5 por ciento tienen menos de mil habitantes, una realidad que dificulta la presentación de estos datos, como ha puntualizado Clemente.

La presidenta de las Cortes ha asegurado que el Consejo de Cuentas, con el apoyo del Parlamento autonómico, trabaja con las entidades locales para facilitar e incrementar la rendición de cuentas, un trabajo que se realiza por una doble vía.

Por un lado, con el impulso de la formación específica en materia económico-presupuestaria de los funcionarios y profesionales de la administración local como instrumento para mejorar la gestión de todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica y financiera de las que deben dar cuenta los ayuntamientos. Un ejemplo es la jornada desarrollada en Segovia. Y por otro, con el fomento de la colaboración de las diputaciones provinciales con las entidades locales, para facilitar la rendición de cuentas.

RENDICIÓN DE UN 90%

Este trabajo, como ha destacado la presidenta, ha permitido incrementar en los últimos años los porcentajes de rendición de cuentas de los ayuntamientos hasta consolidar índices por encima del 90 por ciento. No obstante, ha recordado que es muy importante que se realice dentro del plazo legalmente establecido --hasta el 31 de octubre-- para que los órganos de control externo puedan realizar adecuadamente su función fiscalizadora.

Esta jornada se enmarca en el ciclo de jornadas informativas que el Consejo de Cuentas ha celebrado en el último año en las Diputaciones de Burgos, León y Palencia así como en el Consejo Comarcal del Bierzo, con el objetivo de colaborar con las entidades locales en la obligación de rendición de cuentas, poniendo a su disposición la colaboración necesaria.

La jornada ha contado con diversas ponencias técnicas y mesas redondas en la que se ha analizado el proceso de rendición de cuentas y en las que se ha explicado las principales novedades en la información que tienen que remitir los ayuntamientos.

Además, se ha abordado la normativa actual sobre la contratación de las entidades locales. En concreto, en 2015, se acordó una nueva regulación para el envío de información sobre los expedientes de contratación realizados por las entidades locales a los órganos de control externo.

Según esta normativa, anualmente, y dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio, deben remitirse las relaciones certificadas de los contratos formalizados en el ejercicio precedente, con exclusión de los contratos menores. En caso de no haberse celebrado ninguno, debe presentarse una certificación negativa.

También se ha abordado el procedimiento en el caso de los acuerdos adoptados por las entidades locales contrarios a los reparos formulados por los interventores. La normativa vigente establece que el órgano interventor elevará informe al pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

Además, tal y como se establece, cuando existan discrepancias, el presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la administración que tenga atribuida la tutela financiera.

El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente de la Entidad Local y por el pleno de la corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

Silvia Clemente ha estado acompañada del presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo y de la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. También han participado expertos en la materia, como la licenciada en Derecho, consejera del departamento de Entidades Locales del Tribunal de Cuentas y letrada asesora de Empresa por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), María José de la Fuente, que en 2014 fue designada vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, a propuesta del Tribunal de Cuentas.

También ha intervenido, Petra Fernández Álvarez, vocal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y directora de Gabinete de la Presidencia, además de licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y consultora de Formación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991.

Fernández ha desarrollado casi toda su actividad profesional en el ámbito de la formación y de los recursos humanos. Desde 1997 hasta 2009 ha desarrollado todo su trabajo en la Dirección General de la Función Pública.

Además, junto a María José de la Fuente y a Petra Fernández Álvarez han participado Rafael Pou Bell, subdirector Técnico del Departamento de Entidades Locales del Tribunal de Cuentas, y los consejeros del Consejo de Cuentas de Castilla y León Emilio Melero Marcos y Miguel Ángel Jiménez García, entre otros.