El Consultivo, preocupdo por las consecuencias jurídicas de la COVID, que supone 100 reclamaciones

Todos los grupos defienden la necesidad del Consejo y Vox reconoce su labor pero enmarca sus críticas en el Estado de las Autonomías

VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, ha expresado la preocupación de esta institución propia ante las consecuencias jurídicas que tendrá la realidad "poscovid", ya que las reclamaciones llegarán ya al centenar.

Sánchez de Vega ha manifestado esta preocupación en el marco de su comparecencia en las Cortes para presentar la memoria de 2021, donde ha asegurado que desconocen "lo que deparará el futuro", la "conflictiva y versátil" la realidad "poscovid" preocupa porque "comienzan a evidenciarse consecuencias jurídicas".

En este sentido, ha explicado que en el Consejo Consultivo ya están dictaminando sobre diversos asuntos relacionados con esta realidad como vacunaciones, acción concertada con hospitales, responsabilidad patrimonial por los daños a la actividad económica, la suspensión de la misma, etcétera, de manera que llegará al centenar el número de reclamaciones.

Agustín Sánchez de Vega ha dedicado su presentación a presentar algunos de los datos de la Memoria del Consejo Consultivo correspondiente a 2021, en el que se emitieron 549 dictámenes y se resolvieron 207 recursos, de los que más del 55 por ciento, es decir 302, se derivaron de consultas realizadas por administraciones locales, mientras que cerca del 45 por ciento de la Junta, un centenar de ellos a Sanidad. Asimismo, ha ofrecido algunos datos sobre la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcyl), que en 2021 resolvió 207 recursos, el 66,51 por ciento (145) dirigidos frente a contratos de servicios, seguidos de contratos de suministros.

Sin embargo, gran parte de la intervención del presidente del Consejo Consultivo ha ido dirigida a explicar la labora de la institución propia y defender su necesidad y existencia, algo que ha contado con el respaldo de todos los grupos en general, mientras que Vox no lo ha hecho explícitamente y, aunque ha reclamado eficiencia y ha reconocido su tarea, ha enmarcado las dudas sobre su existencia y utilidad en la crítica generalizada al Estado de las Autonomías que plantea su formación política.

Sánchez de Vega, quien se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado, ha señalado que tienen un "horizonte de mejora" y ha puesto de manifiesto el déficit de letrados que tienen.

UNA INSTITUCIÓN ÚTIL

Por otro lado, ha apuntado que es necesario conocer los consejos consultivos en profundidad para "valorar su utilidad" y ha destacado la labor de control y garantía de legalidad que ejercen, también el Tarcyl, algo que es un servicio tanto a los ciudadanos como sobre todo a las administraciones más cercanas a ellos, los ayuntamientos y las entidades locales, dada la "realidad" de Castilla y León y ha aclarado que su labor no se solapa con el Consejo de Estado.

En esta línea, ha incidido en que no es sólo órgano de asesoramiento sino que ejerce un control jurídico de todas las administraciones de la Comunidad, tras lo que ha recordado que en los 20 años de su existencia ha emitido 16.000 dictámenes y el Tarcyl, en los últimos diez --desde que se asumió por el Consultivo, más de 1.000 resoluciones por valor 9.200 millones.

Sánchez de Vega ha explicado que algunos de los asuntos afectan personalmente a los castellanoleoneses, a través dictámenes sobre responsabilidad patrimonial impulsados por la reclamación de ciudadanos ante la administración en los que a veces están "en juego" los derechos de las personas y ha defendido su "independencia", rapidez, calidad y nulo coste, además del carácter preventivo porque sus decisiones están orientadas a salvaguardar interés público.

Además, ha apuntado que la proximidad y la facilidad de acceso se debe a las cuantías mínimas para poder evitar la vía judicial y acudir al Consultivo frente a los de otras comunidades, lo que favorece la protección de los derechos de los ciudadanos.

En este marco, todos los grupos políticos han destacado el trabajo que realizan el Consejo Consultivo y el Tarcyl en una línea similar, aunque el portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha puesto el acento en la necesidad de que la institución propia vaya de la mano de la "buena gestión y uso de recursos públicos" y, aunque ha explicado que "en ningún momento" discute el origen del Consejo, la interpretación es que es "consecuencia del sistema" actual, el autonómico.

A este respecto, ha apuntado que es la crítica que su formación política hace, que es "constructiva", y la aspiración es cambiar las cosas "dentro del marco de la Constitución" que quieren reformar, aunque ahora no cuenten con el apoyo mayoritario de los ciudadanos.

SUPRESIÓN EN OTRAS CCAA

Así, ha aclarado que no niegan su legitimidad y origen y "sinceramente" ha reconocido el trabajo que lleva a cabo el Consejo en su labor, aunque ha recordado que comunidades como Madrid y Extremadura se ha aprobado su supresión y en Andalucía el acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla hacerlo. Además, ha aclarado que querer reformar la Constitución no quiere decir ser "antisistema" o "anticonstitucionales".

Menéndez se ha expresado así después de que portavoces de otros grupos como el del Mixto, Francisco Igea, hayan agradecido que el presidente del Consultivo explicara la utilidad de esta institución y ha expresado que espera que "despeje" las dudas a quienes han llegado a la política de la Comunidad con "conocimientos rudos" sobre el Estado de Derecho y ha criticado a quienes promueven su eliminación llamándoles "chiringuitos" --en referencia a Vox--, quienes "espera que se iluminen" para descartar esas posiciones.

Precisamente en su intervención, el procurador socialista Luis Briones ha expresado el apoyo incondicional al Consejo y su labor en momentos "difíciles", sobre todo "tras la entrada de la extrema derecha" que "cuestiona" la existencia y utilidad de algunas de las instituciones propias.

Tras alabar el trabajo que realiza y su utilidad, Briones ha abogado por reforzar su autonomía y dependencia funcional y ha afirmado que el PSOE va a "luchar", para lo que ha tendido la mano al PP, para que no solamente esta institución "fundamental" se quede fuera de la austeridad sino para que se apueste por las instituciones propias y queden fuera de los recortes, algo que les preocupa "muchísimo".

Por su parte, el procurador 'popular' José Luis Sanz, quien ha agradecido el tono a Vox y ha defendido que cualquiera pueda expresar sus opiniones, ha aclarado que en el pacto suscrito "para nada" hay planteamiento de reforma de Estatuto de Autonomía que requeriría la suspensión del Consejo y ha apuntado que, para su Grupo, el principio de eficiencia no incluye al Consultivo porque por las cifras han acreditado su "eficacia", "eficiencia" y "austeridad", todo lo que necesita la administración.

Por otro lado, ha señalado que comparten la preocupación sobre el "ingente" número de reclamaciones que se avecinan como consecuencia de la COVID después de la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma, la precipitación del Gobierno central y el hecho de que dejara en manos de las comunidades la toma de decisiones por la ausencia de regulación, lo que provocó una "pluralidad" de situaciones y que el Gobierno tuviera que ir "a tientas".

También el procurador de Soria Ya José Ángel Ceña ha destacado la importancia de una institución que ejerce el "necesario" control y garantía de la Administración, tras lo quien ha destacado el informe realizado en 2020 sobre el impacto demográfico en la Comunidad, que ha reclamado que todos los procuradores conozcan porque a veces se dan opiniones "poco fundadas".