CSIF Y USCAL afean la "desidia" de la Consejería de Quiñones y piden negociar decreto de incendios "menos improvisado"

Insisten en el rechazo del decreto de medidas urgentes sobre prevención de incendios y avisan que la situación es la misma que la del pasado mes de junio

VALLADOLID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF y USCAL han cargado este miércoles contra la "desidia" e "incompetencia" de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención de incendios forestales y han instado a negociar una normativa "menos improvisada" que el decreto de medidas urgentes sobre prevención de incendios forestales que llega "con prisas".

El delegado de Medio Ambiente de CSIF, Agustín Angulo, ha explicado en rueda de prensa que se han puesto en contacto con las Cortes para instarles a no validar esa normativa porque "no está justificada esa urgencia que requieren". "Vienen ahora, a partir de marzo con urgencia a medidas que ya eran obligadas en el decreto estatal de 2 de agosto que exigía contar con un Plan Anual para el 2023", ha criticado.

Angulo ha rechazado "las prisas" del departamento que dirige Juan Carlos-Suárez Quiñones y ha apuntado que desde los sindicatos reivindicaron en septiembre "ponerse a trabajar" una vez terminó el periodo de peligro alto por incendios y que, además, la reunión que tenían agendada para el día 22 de marzo fue desconvocada esa misma mañana.

En esta línea, ha apuntado que cuando finalmente asistieron a la Mesa General el 10 de abril les llevaron un "texto diferente" al que se ha publicado. "El plan que nos presentan tiene 184 páginas y el publicado 247 páginas", ha enfatizado, a la par que ha acusado a la Consejería de "mentir continuamente" y aplicar su campaña 'Depende de todos, depende de ti'. "Lo que hacen es que la responsabilidad de que ocurran los incendios dependa de ti", ha añadido.

DIMENSIONAMIENTO DEL OPERATIVO

Han insistido en la necesidad de dimensionar el operativo de incendios de la Comunidad porque la situación actual es la misma que la de junio de 2022, cuando sucedió la catástrofe en la Sierra de la Culebra y ya era "insuficiente el operativo".

En este sentido, Angulo ha aseverado que desde la Consejería se limitan a "decretar la época de peligro medio de incencios, sin poner medios para atajar los posibles incendios". Y es que, según han apuntado, esta declaración de riesgo medios solo impide "ciertas actividades de quema".

Así, han recalcado que "los agentes de guardia en las comarcas de Castilla y León son los mismos que tenía la Junta en diciembre", ha apuntado el presidente de ApamCyL, Esaú Escolar Santos. Han advertido de que "no hay agentes medioambientes para cubrir todas las comarcas de Castilla y León", que son los primeros intervinientes en el protocolo antincendios, quienes valorar todos los conatos de fuego que se producen y "afrontan con recursos y garantías su extinción en esos primeros momentos que resultan cruciales".

En este momento, estos agentes solo cubren menos del 40 por ciento del territorio de las provincias de la Comunidad, "algo incomprensible y peligrosísimo", han criticado.

En esta clave, han reclamado que haya servicios mínimos porque los centros de mando de emergencias cierran desde las 22.00 horas hasta las 8.00 horas. "Es una vergüenza y una tremenda y temeraria irresponsabilidad de la Junta. ¿Qué ocurriría si otro servicio esencial como el 112 se cerrara por la noche?, pues es lo mismo en el caso del centro de mando antiincendios", ha señalado.

Otra de las cuestiones que han criticado es que en el texto del proyecto del Real Decreto de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, publicado en el Boletín Oficial, ha desaparecido la alusión a que la declaración de riesgo alto de incendios se mantenga durante cuatro meses, como se indicaba en el texto que se presentó en la Mesa General del pasado 10 de abril.

"Esto quiere decir que la calificación de la máxima alerta estará tres meses en Castilla y León, el tiempo que la Junta está obligada por normativa a la implantación de un operativo del 100 por cien. Mientras, en otras comunidades el riesgo alto se alarga cuatro meses e incluso en los meses anteriores y posteriores se mantienen los operativos con todo el personal movilizado", han zanjado.

Con todo, consideran que el decreto que llevan a las Cortes es "totalmente insuficiente" y no cubre las necesidades reales puesto que la "única diferencia" con respecto a años anteriores es que tienen contratadas más autobombas, aunque "de manera provisional", sin bien se tendría que haber hecho una "modificación de la plantilla para que esos llamamientos fuesen permanentes" y "para que esos trabajadores de las autobombas trabajen los doce meses de manera real".