CyL a la cabeza en número de procesados por corrupción en el segundo trimestre del año, con un total de 19

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jueces españoles dictaron auto de procesamiento por delitos de corrupción contra 37 personas, 19 de ellas en Castilla y León, en el segundo trimestre de 2020 que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

En ese periodo, los órganos judiciales concluyeron un total de once procedimientos por este tipo de hechos y dictaron ocho sentencias, si bien en ambos casos el casillero en Castilla y León se mantuvo a cero.

Sin embargo, en el capítulo de procesados, con 19, la comunidad castellanoleonesa figura a la cabeza de las distintas autonomías, a gran distancia del resto, entre las que le siguen Madrid (ocho), y Andalucía (siete), mientras que Asturias y Cantabria contabilizan uno cada una.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al segundo trimestre del año, que también incluye el número de personas jurídicas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral en ese periodo, que fueron dos, ninguna de ellas en Castilla y León.

El repositorio, que fue presentado el 12 de enero de 2017, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores -personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etcétera-, que se actualizan de forma trimestral.

La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art.404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art.413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art.419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art.428, 429 y 430), malversación (art.432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art.436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art.
439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).