CyL dialogará con el Gobierno sobre las 35 horas semanales y rechaza "brindis al sol" de leyes inconstitucionales

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha apostado por la vía política y de diálogo con el Gobierno de la nación para la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Comunidad pero ha rechazado regular la jornada a través de un decreto ley porque, según ha admitido, sería "claramente inconstitucional".

De Santiago-Juárez ha sido tajante al calificar la fórmula del decreto ley de "trampa" y de "brindis al sol" para "quedar bien" con los empleados públicos ya que, según ha insistido, esa regulación sería "claramente inconstitucional" como se ha demostrado ya en los casos de País Vasco y de Castilla-La Mancha.

También ha recordado que la Junta y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F han acordado remitir al Gobierno central una solicitud conjunta para la recuperación de la jornada de 35 horas, como se acordó a finales de 2015 con los sindicatos una vez que se constituyese el nuevo Gobierno de la nación, que ha tardado un año y medio por la repetición de las citas electorales.

La filosofía, ha continuado, es retomar los derechos perdidos tras la crisis económica como ha hecho la Junta de Castilla y León con la recuperación de la paga extra, cuando en comunidades como Andalucía, ha recordado, "les deben extras, no la extra". El vicepresidente y consejero de la Presidencia ha significado al respecto que la Junta ha sido la primera comunidad autónoma en cumplir los aspectos que estaban de su mano, como esa devolución de la paga extra.

"Lo que no está en nuestra mano es mejor dialogar", ha sentenciado el consejero de la Presidencia quien ha rechazado cualquier confrontación, a pesar de reconocer que "sería fácil" llevar un decreto ley a las Cortes de Castilla y León para recuperar esas 35 horas.

Con la remisión de esta carta, el Gobierno autonómico ha cumplido "todas" las medidas recogidas en el Acuerdo firmado con los sindicatos en octubre de 2015 para la recuperación de los derechos de los empleados públicos.