La defensa de 'Chiqui': "No es Teresa de Calculta pero su castigo debe ser justo, no un castigo ejemplar"

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Pablo Antonio S.H. ('Chiqui'), el hombre que en julio de 2022 mató a tiros a un vecino del mismo edificio en Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y a un guardia civil del operativo de seguridad, ha denunciado el "interés desmesurado" de las acusaciones por condenar a su cliente por todo, y ello a pesar de que, a su juicio, el autor del doble crimen obró aquella noche con su voluntad afectada por el consumo de alcohol y sustancias e impulsado por un arrebato u obcecación.

En su informe final, el defensor, el mismo que representó en su día en el denominado 'caso de la manada' a los acusados por la violación de una joven en los Sanfermines de 2016, ha solicitado para su cliente una condena global de doce años y medio de cárcel por un delito de homicidio doloso, el del vecino Dionisio A.P. ('Dioni'), y otro homicidio imprudente en el caso del teniente coronel y jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI), Pedro Alfonso Casado, junto con otro delito, en su modalidad básica, de tenencia ilícita de armas.

A lo largo de su exposición, recogida por Europa Press, el defensor ha reconocido ante el jurado que los hechos que han dado origen a la presente causa han de concluir en "castigo, sin duda, pero no en un castigo ejemplar sino en un castigo justo, acorde a la ley", y es ahí donde sitúa como justa la condena reclamada para su cliente, muy inferior a la reclamada por los acusadores.

La defensa, eso sí, ha aprovechado también para recriminar la línea seguida por el anterior representante del acusado--era del turno de oficio--por no haber solicitado en su día un informe de imputabilidad y otra serie de pruebas que, al no haber sido practicadas antes del juicio, han dificultado sobremanera su trabajo.

Y en ese trabajo advierte de que le ha tocado contrarrestar la imagen de su cliente como si de 'El Lute' se tratara, tal y como alguna de las acusaciones ha venido a plantear.

"No es Teresa de Calculta, cierto es, ni un ciudadano ejemplar pero tampoco tiene una hoja de antecedentes penales excesivamente prolija, con un delito de tráfico de drogas y dos últimos en la lista, uno por conducir bebido y otro sin puntos. Ese es el monstruo que se nos trata de presentar aquí", ha indicado con ironía el defensor.

Sobre el origen de lo ocurrido, el defensor ha hecho referencia a una pelea entre las familias de 'Dioni' y 'Chiqui' que luego, horas después, continuó el primero al presentarse en el piso del segundo para comenzar a aporrear con violencia la puerta.

"EL MIEDO INSUPERABLE DE 'CHIQUI'"

Y es en este punto donde ha puesto en tela de juicio la actuación de dos guardias civiles de Cabezón, "que conocían las aventuras y desventuras del bloque", por no haber intervenido con diligencia para evitar que el 'Dioni' tratara de cumplir sus amenazas de quemar la casa de 'Chiqui'.

"El miedo del acusado fue insuperable", ha apuntado su defensor, en alusión a la reacción de 'Chiqui' al momento de abrir la puerta y descerrajar un tiro con su fusil a su vecino, quien, junto con su hijo Aitor, había sorteado a la patrulla de la Guardia Civil dispuesta en la calle y en lugar de entrar por el portal accedió a través del garaje.

"¿Saben qué llevaba Aitor cuando se echa la mano al abdomen al abrirse la puerta, pues una navaja. Alguien lleva una navaja si no tiene intención de usarla? ¿Justifica el disparo de 'Chiqui', nooo?", ha reconocido el defensor, quien apostilla que si 'Dioni' no se hubiera presentado ante la puerta de su cliente esa noche, hoy estaría vivo.

Sentadas las bases de que la muerte del vecino fue un homicidio doloso, no un asesinato, la defensa también ha negado que el acusado hubiera tratado de asesinar acto seguido al hijo de la víctima. En tal sentido, ha pedido al jurado que visualice las imágenes grabadas para comprobar que en ningún momento hace ademán de disparar, a pesar de que el fusil seguía cargado con un proyectil.

De igual manera ha tratado de desmontar la comisión del delito de secuestro del entonces novio de su hijastra por parte de 'Chiqui', a pesar de que las acusaciones sigan sosteniendo que era su "baza" para evitar la entrada violenta en el piso por parte de la Benemérita. El propio representante legal del 'Dioni', ha advertido el letrado, tenía sus dudas al respecto e incluso el 'segundo de abordo' del jefe de la UEI también lo expresó en el juicio.

RESERVA DE ACCIONES CONTRA IVÁN POR FALSO TESTIMONIO

"Iván fue un colaborador de aquella situación. Y esta parte se va a reservar el derecho de actuar contra Iván porque mintió, y mintió mucho, a pesar de que no tenga derecho a hacerlo. Mintió de forma constante y sistemática", ha denunciado públicamente el defensor convencido de que Iván se ha personado en la causa como acusación particular para evitar verse inmerso en el proceso y ocupar el banquillo también.

Con respecto a la muerte del jefe de la UEI, que las acusaciones consideran también asesinato, la defensa de 'Chiqui' sigue insistiendo en que el óbito del agente fue un homicidio por imprudencia en concurso ideal con atentado, tras explicar que su patrocinado en ningún momento intentó acabar con la vida del funcionario al efectuar un tiro de advertencia a través de la puerta, con el único propósito de asustar.

La jornada la abrían por la mañana la fiscal y los letrados de 'Dioni' y 'Perico', las dos víctimas mortales, con peticiones respectivas de 60, 75 y 84 años de cárcel, todos ellos coincidentes a la hora de imputar al encausado sendos delitos de asesinato, tentativa de asesinato, secuestro y tenencia ilícita de armas en su modalidad agravada al entender que 'Chiqui' borró parcialmente el número de serie de su viejo Mauser.

La maratoniana sesión de juicio con jurado en la Audiencia de Valladolid la cerraban ya en sesión de tarde, antes de la citada intervención final de la defensa, el abogado del joven a quien supuestamente 'Chiqui' mantuvo secuestrado tras la primera muerte, Iván V, quien solicita ocho años de cárcel para su captor; el letrado de un hermano del guardia civil abatido, también agente del Instituto Armado y de baja psicológica desde entonces--pide la misma pena que el fiscal--y el representante legal de la Asociación Víctimas, que, en calidad de acción popular, ha elevado su solicitud de condena de los 59 iniciales a 83 años de privación de libertad.

Las previsiones apuntan que este martes el magistrado presidente del tribunal y las partes se reúnan para preparar el objeto del veredicto que, casi con toda probabilidad, le será entregado a lo largo del día al jurado para que comience con la correspondiente deliberación sobre los hechos imputados al acusado.