La Diputación de Valladolid trasladará al Pleno su apoyo a los trabajadores de Sada, Lex Nova y Bricorama

VALLADOLID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid aprobará en el Pleno del próximo viernes una proposición conjunta de todos los grupos políticos de la corporación provincial, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Valladolid Toma la Palabra, y Juntos Podemos, en apoyo a los trabajadores de SADA, Lex Nova y Bricorama y, en general, a todos los empleados de la provincia que se vean afectados por recortes salariales o privados de su actual empleo.

Precisamente, esta mañana el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, se ha reunido con representantes del Comité de empresa de los trabajadores de Lex Nova, empresa que en poco más de un mes cerrará sus instalaciones de Valladolid y trasladará su actividad a Navarra.

La proposición que aprobarán los grupos políticos en el Pleno de este mes de diciembre se unirá a otras que la institución ha ido aprobando durante el año 2016 en diversos Plenos, en apoyo a los trabajadores de varias empresas ubicadas en Valladolid que han anunciado el traslado de su producción a otras provincias o bien han sometido a sus plantillas a un recorte drástico.

Primero fue la empresa Lauki. Posteriormente fueron Tragsa, Cadbury- Dulciora, Printolid, Banco Santander y Banco España-Duero.

La decisión del traslado de Lex Nova a Navarra afectará a 77 trabajadores, cuyo futuro laboral se ve seriamente comprometido. A ellos se suman también los 82 trabajadores afectados por un despido colectivo en el matadero de pollos que el grupo SADA tiene en Valladolid. Además, este cierre también perjudicará a 50 cooperativistas que trabajan para este matadero de forma indirecta.

También la multinacional francesa Bricorama ha comunicado recientemente a sus trabajadores el cierre de su Centro Comercial la próxima primavera, afectando a 40 empleados.

Por esta razón, desde la Diputación Provincial de Valladolid se reclama un esfuerzo a las empresas mencionadas para que mantengan su actividad y sus puestos de trabajo en la provincia de Valladolid, y a las administraciones competentes para que adopten las medidas que estén en su mano a fin de evitar el desmantelamiento de estas empresas, -que en muchos casos han recibido ayudas económicas de estas mismas administraciones-, y para evitar que en el futuro puedan producirse casos similares.