El empresario minero Victorino Alonso afronta sus primeros días en prisión por explotar Nueva Julia sin licencia

LEÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario minero Victorino Alonso afronta sus primeros días en prisión, después de que este domingo ingresara en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) para cumplir la pena de cuatro años de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tras ser condenado por explotar sin licencia la mina Nueva Julia, en Cabrillanes (León).

Alonso, de 71 años de edad, agotó los diez días de plazo que se le concedió para su ingreso en prisión, después de que la Audiencia Provincial de León desestimara su alegato de razones de salud para evitar la cárcel, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) en un comunicado remitido a Europa Press.

Los magistrados tuvieron en cuenta para desestimar la petición la gravedad de la pena, los antecedentes penales del empresario, condenado en varias ocasiones, su pronóstico de reinserción "no positivo", así como el hecho de que no haya abonado el importe de la responsabilidad civil fijado en más de 24 millones de euros.

La Sala expuso que "el cumplimiento de la pena impuesta, a la luz de la documentación médica obrante y del informe del Médico Forense indicado, no va a suponer para el condenado peligro alguno ni para su vida ni para su salud ni para su integridad física ni psíquica".

La Audiencia rechazó también las demás circunstancias invocadas por la defensa del condenado, concretamente sus 70 años de edad y su situación familiar al haber sufrido su esposa un accidente de circulación en el año 2000 con graves secuelas, además de fallecer un hijo y resultar herida una hija, ya que todo ello "no justifica de por sí la concesión del beneficio pedido".

DELITO MEDIOAMBIENTAL

Victorino Alonso fue condenado por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en la explotación minera a cielo abierto de Nueva Julia, después de que ampliara la explotación "sin contar con la licencia" hacia unos terrenos protegidos por la Red Natura 2000.

Para la Sala, fue "un exceso más de todos cuantos incurrió la promotora, unos cualitativos, mediante la agresión a los recursos naturales, y otros cuantitativos, en cuanto que se expandió por unos terrenos para los que no tenía autorización".

También considera que no había autorización para "la agresión al medio ambiente" a partir de unas autorizaciones que sí obtuvo, pero que, "en su desarrollo, se extralimitó en todos sus aspectos, siempre con la misma finalidad lucrativa que guio todo el proceder del condenado".