Equo asegura que "es muy grave negar la participación al Gobierno portugués" en el proyecto de Retortillo

SALAMANCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Equo se ha movilizado para que el Gobierno portugués tenga constancia del proyecto de extracción de uranio que la empresa minera Berkeley está poniendo en marcha en el término municipal de Retortillo (Salamanca), en una zona próxima a la frontera.

Por este motivo, la coportavoz de Equo en Castilla y León, Marta Santos, ha asegurado que "es muy grave negar la participación al Gobierno portugués" a pesar de que la Agencia Portuguesa de Ambiente (APA) haya emitido un informe en el que señala que la mina de Retortillo "podrá ser susceptible de tener efectos ambientales significativos en Portugal".

Por este motivo, el diputado de Unidos Podemos en el Congreso Juan López de Uralde ha registrado una nueva pregunta al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que dé respuesta a varias cuestiones relacionadas con la mina y su repercusión en Portugal.

Según el documento, registrado por el representante de EQUO en la Cámara Baja, el Gobierno tendrá que informar de si ha sido notificado ya el Gobierno de Portugal el proceso abierto para la instalación "radiactiva de primera categoría".

Asimismo, insta en el texto a que responda sobre si el Ejecutivo luso cuenta ya con la documentación sobre los efectos transfronterizos y sobre la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Junta de Castilla y León.

También, López de Uralde pide tener conocimiento de si España dará a conocer el informe que redacte Portugal antes de "resolver sobre la autorización de construcción de la planta de procesamiento y almacén de residuos radiactivos".

Finalmente, el diputado pregunta por si considerará el documento portugués dentro del acuerdo de cooperación en materia de seguridad de las instalaciones nucleares transfronterizas" y por si también tendrá en cuenta las "consecuencias económicas y de política exterior" que supondría otorgar los permisos "sin que la Audiencia Nacional haya resuelto la demanda presentada por el partido EQUO y la asociación Ecologistas en Acción contra esa autorización previa y sin que las autoridades de la República de Portugal hayan fijado una posición sobre su impacto transfronterizo".