Familia destina 89,5 millones hasta 2021 al Plan Estratégico que atenderá especialmente el envejecimiento y la pobreza

Alicia García afirma que incluye 15 medidas para reforzar la coordinación con Fiscalía y FFCCSE en atención a la infancia

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha presentado este viernes el Plan Estratégico de Servicios Sociales, en el que incluye un total de 101 actuaciones a las que se destinarán, hasta 2021, un total de 89,5 millones de euros.

La consejera, Alicia García, ha presentado el Plan este viernes en rueda de prensa y ha recalcado que trata de "diseñar el Sistema del futuro bajo la premisa de la innovación y de anticipar las necesidades sociales para ofrecer "la mejor respuesta posible" a las necesidades que se prevén en los próximos años y que se centrarán principalmente en el "sobreenvejecimiento" de la población y en la pobreza y exclusión social.

El Plan establece siete líneas estratégicas, 32 objetivos y 101 actuaciones que está previsto que beneficien a 400.000 personas. Está dotado con 89,5 millones de euros en el período 2017-2021 para sus 6 primeras líneas de actuación, aunque Alicia García ha hablado de una séptima línea dirigida a la ejecución, seguimiento y actualización, que movilizaría un total de 4.300 millones, pues abarca otros planes sectoriales como los de igualdad de oportunidades, envejecimiento activo, drogas o inversiones sociales.

El objetivo principal es avanzar en la mejora del sistema de Servicios Sociales y para ello se ha realizado un diagnóstico de las necesidades para los próximos años y se ha diseñado una planificación estratégica que permita anticipar las necesidades sociales de futuro y dar la mejor respuesta posible.

Por este motivo, para su elaboración se han analizado dos aspectos fundamentales como el contexto demográfico y la pobreza y el riesgo de exclusión, que han sido los dos ámbitos fundamentales del detallado diagnóstico que ha realizado la Consejería para fundamentar las líneas estratégicas.

En lo que se refiere al problema demográfico, el diagnóstico señala que el 24,4% de la población es mayor de 65 años, con un total de 598.000 personas, y el 9,3 % mayor de 80, por lo que en 2029 se prevé que se alcancen los 708.000 mayores de 65, que supondrán tres de cada diez. García ha puntualizado que Castilla y León es la comunidad más envejecida de España.

Otro de los datos que aporta el diagnóstico es que las personas mayores son mayoritariamente mujeres. Así, las mujeres de más de 80 años son 55.423 más que los hombres. En cuanto a las personas dependientes, el 78,4% de ellos tiene más de 65 años, el 65 por ciento son mujeres y la mitad se encuentra en el medio rural, por lo que García ha destacado que el perfil de persona dependiente se aproxima más a una mujer que no vive en un pueblo.

Las conclusiones respecto a este diagnóstico son que se considera necesario hacer frente a este proceso de sobreenvejecimiento y prestar una atención especial a quienes viven en el medio rural, acercando la atención hasta el hogar. Para ello, se apuesta por desarrollar nuevas formas de atención utilizando las nuevas tecnologías y potenciar la coordinación socio-sanitaria hacia una atención de calidad basada en la innovación y las nuevas tecnologías, que permita dar una respuesta más "rápida y adaptada" a las necesidades de las personas.

El segundo ámbito del diagnóstico es el referido a la pobreza y la exclusión que, si bien apunta una mejoría de los datos en los últimos años, tras la crisis se han generado nuevos tipos de empobrecimiento y el incremento de colectivos vulnerables. En todo caso, la consejera ha recordado que Castilla y León es una de las comunidades con menor índice de pobreza de España, con indicadores de pobreza en línea descendente, similares al período precrisis, 17,7% y casi 5 puntos por debajo de la media nacional.

Castilla y León es también la comunidad española con menor tasa de hogares con carencia material severa, un 2 por ciento, y la segunda con menor tasa de pobreza energética, con un 3,6%. Finalmente, la tasa infantil también se encuentra muy por debajo de la media nacional.

La principal conclusión de este diagnóstico en el ámbito de la pobreza y la exclusión social es la necesidad de consolidar las respuestas que se ofrecieron durante la crisis integrando todos los recursos en la Red de Protección, todo ello aprovechando sinergias y elementos transversales que le son comunes a varios grupos en exclusión.

Precisamente, en el ámbito infantil y en un año en el que la gestión de Servicios Sociales se ha visto afectada por el caso de la niña de 4 años que falleció en Valladolid víctima de malos tratos en el ámbito familiar, García ha explicado que unas 15 de las medidas incluidas en el Plan se dirigen a reforzar la coordinación con la Fiscalía, las Fuerzas de Seguridad del Estado y las administraciones locales o a la creación de un grupo de trabajo que mejore la atención de casos especiales que afecten a los menores.

Las líneas estratégicas del Plan están orientadas, en primer lugar, a la mejora de la organización, tanto desde el enfoque ético de la intervención social y la mejora de la calidad de los servicios sociales como de la mejora en la eficacia de la actuación de los servicios sociales mediante la innovación y la investigación; con un total de 21 actuaciones.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Entre las actuaciones en esta línea estratégica se prevé la creación de grupos de reflexión ética y comités de ética, implantando sistemas que evalúen el grado de satisfacción de los usuarios con los Servicios Sociales; evaluando y actualizando el catálogo; mediante la acreditación de las personas que trabajan en el ámbito de la dependencia; regulando la prestación del servicio de proyecto de vida; revisando los protocolos sobre sujeciones mecánicas y químicas que garanticen mayor libertad y dignidad de las personas; y líneas de formación para capacitar a los profesionales de los servicios sociales.

La línea estratégica 2 incluye la mejora de la organización desde la mejora de la eficacia de la actuación de los servicios sociales mediante la innovación y la investigación y cuenta con 4 objetivos y 19 actuaciones, entre las que se da importancia a las nuevas tecnologías para mejorar los procesos de atención, de teleasistencia o de prevención de la violencia intrafamiliar.

La tercera línea, con 19 medidas, recoge la mejora de la coordinación desde la mejora de la información estadística y sobre usuarios del sistema, y su intercambio entre los distintos agentes, con acciones como el desarrollo de la historia única; ampliación de la recogida de información informatizada a otros ámbitos de la intervención social o mejora del intercambio de información sobre usuarios entre la Administración y el sector público.

La línea estratégica cuarta contempla la mejora de la coordinación desde la óptica de la coordinación socio-sanitaria y cuenta con 14 medidas. Esta línea estratégica implica actuaciones como la puesta en marcha de herramientas tecnológicas que faciliten la consulta e interacción con la información socio-sanitaria de los profesionales de ambos campos.

La quinta línea contempla la mejora de la relación con el ciudadano a partir la simplificación administrativa, la mejora de la comunicación y la agilización del acceso del ciudadano, con un total de 10 actuaciones, que incluyen el diseño de aplicaciones para asegurar la accesibilidad desde diferentes dispositivos móviles; el acceso de los ciudadanos a sus certificados a través de la web; la extensión de la cita previa a todas las gerencias territoriales de servicios sociales.

En sexto lugar, se aborda la mejora de la relación con el ciudadano desde la mejora del acceso al empleo como forma de integración social, y cuenta con diez medidas como la ampliación progresiva de la reserva de contratación pública para personas en riesgo de exclusión o la inclusión de cláusulas sociales en los contratos.