El Fiscal General apunta a una disyuntiva competencial a la hora de emitir el informe sobre el indultos de los ERE

Aún no sabe si el pronunciamiento corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo o de Anticorrupción

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal General del Estado, el salmantino Álvaro García Ortiz, ha manifestado que aún está pendiente el informe sobre el indulto a los condenados por los ERE en Andalucía promovido por el gobierno en funciones de Pedro Sánchez y que incluso está pendiente de resolver una disyuntiva competencial dirigida a dirimir a quién corresponde elaborarlo.

Y es que Álvaro García Ortiz, que este martes ha clausurado en Valladolid el curso FCyL 2301 'Delitos contra el Medio Ambiente. Incendios forestales', organizado con la colaboración de la Fiscalía Superior de Castilla y León y las consejerías de Medio Ambiente y de la Presidencia, ha explicado que antes de emitir el correspondiente informe sobre el indulto de los ERE "hay que resolver una cuestión competencial sobre si le corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a la Fiscalía Anticorrupción, cuyos delegados están en Sevilla".

"Cuando lo hayamos emitido, será público y lo tendrán ustedes a su disposición", ha zanjado el Fiscal General del Estado, quien ha mantenido la misma reserva a preguntas sobre la postura de su departamento respecto de una posible amnistía a los condenados por el proceso soberanista de Cataluña, cuestión a la que ha declinado responder al no considerarse "actor partícipe de una negociación política sobre una investidura" y por no verlo procedente.

García Ortiz entiende que en su momento habrá espacios procesales en los que se demandará la opinión de la Fiscalía General del Estado, si bien ha advertido de que aún no se ha abierto dicho espacio y que hacer comentarios de algo futurible no le corresponde.

"Si el Fiscal General del Estado se convierte en una figura que comenta hipótesis, pierde su capacidad jurídica y su papel constitucional", ha justificado.

QUE NO SE REPITAN LOS INCENDIOS DE 2022

Álvaro García Ortiz ha sido uno de los asistentes a la clausura del curso sobre 'Delitos contra el Medio Ambiente. Incendios forestales' celebrado durante los dos últimos días en Valladolid bajo la organización de la Junta de Castilla y León y en el que han participado fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de campo, técnicos y los servicios jurídicos de la Administración regional.

Al respecto, el Fiscal General del Estado ha subrayado la importancia de mejorar la formación en la materia de todos estos profesionales en aras a la prevención de este tipo de delitos y la persecución de los mismos, "cuestión de rabiosa actualidad en una Comunidad como Castilla y León", ha apostillado Álvaro García al recordar los fuegos devastadores registrados en 2022 en la provincia de Zamora fundamentalmente.

"Fue un año muy duro que esperemos que no se repita y nos ayude en la capacidad de progresar en la investigación y la prevención, ámbito este último que es fundamental. Es mejor tener capacidad de prevención que tener luego que usar el castigo del derecho procesal", ha apuntado el Fiscal General del Estado en declaraciones recogidas por Europa Press.

El presente curso es uno más de los que se vienen celebrando desde 2017, "con gran éxito", por parte de fiscales y letrados de la CCAA en los que han participado más de 290 profesionales, quienes han podido especializarse y profundizar en ámbitos tales como la protección de menores, la violencia contra la mujer, discapacidad o la protección del patrimonio histórico.

Así lo ha resaltado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien ha incidido igualmente en la oportunidad de un curso de esta naturaleza en Castilla y León centrado en los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales y aquellos, como los incendios forestales, que están en otra categoría penal por cuanto los mismos afectan también a la vida e integridad de las personas.

En este sentido, González Gago ha recordado que más del 52 por ciento de la superficie de Castilla y León es considerada como zona forestal, equivalente al 32 por ciento de la existente en toda España.