Ni Fiscalía, ni Junta ni PSCyL han recurrido el fallo condenatorio por el caso de 'La Perla'

Los recursos que tendrá que ver el Tribunal Supremo corresponden únicamente a los de los condenados

VALLADOLID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expirado el plazo para el anuncio de la preparación de recurso, ni la Fiscalía de Valladolid, ni la Junta de Castilla y León ni el PSCyL, en calidad de acusaciones pública, particular y popular, respectivamente, han decidido acudir al Tribunal Supremo para que revise la sentencia condenatoria por el caso de 'La Perla Negra', con lo que los únicos que verá dicho órgano de Justicia son los que sí ha presentado la representación legal de todos los condenados.

En este último caso se encuentran los exaltos cargos de la Junta Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, así como seis empresarios que fueron condenados por las irregularidades en el proceso de alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo de la Encomienda y en la adquisición de parcelas para la ejecución de un polígono industrial en Portillo que nunca llegó a materializarse, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El juicio se celebró durante una veintena de sesiones entre los días 26 de febrero y 8 de mayo de 2024 y, siete meses después de que quedara visto para sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial dio a conocer su fallo en el que, a través de 309 páginas, acordó condenar a los que fueran viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández y al exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, así como a los empresarios Germán José Martín Giraldo y Ángel Román Montes, de Urban Proyecto PM3; Luis Antonio Recio, de Cementos La Bureba, así como a Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro, los tres de Parque Empresarial Portillo (PEP).

En el caso de Delgado, el tribunal le halló autor de prevaricación administrativa y un delito continuado de malversación de caudales públicos, con penas de tres años y seis meses de inhabilitación especial por el primero y dos años y seis meses de cárcel por el segundo, mientras que le absolvió del resto de cargos que se le imputaban.

A Begoña Hernández, a la que se condenó por un delito continuado de prevaricación administrativa, se le impusieron dos años y dos meses de inhabilitación, mientras que Juan Carlos Sacristán, por el mismo delito, fue condenado a dos años, un mes y quince días de inhabilitación.

En el caso de los industriales, Germán José Martín Giraldo, administrador de Urban Proyecta, fue condenado a once meses de prisión por un delito de violación de secretos en concurso con un delito continuado de tráfico de influencias; Ángel Román Montes, gerente de Urban, fue hallado autor de idéntico delito que llevaba aparejada idéntica pena, mientras que Luis Antonio Recio, de Cementos La Bureba; Francisco Esgueva, de Grupo San Cayetano y de Parque Empresarial de Portillo (PEP); Luis Angel Rodríguez, presidente de Parque Empresarial de Portillo, y Carlos González Maestro, administrador de Parque Empresarial de Portillo, fueron condenados a siete meses de prisión y multa de 1,4 millones de euros como autores de un delito de tráfico de influencias.

A todos los condenados se les aplicó la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

En concepto de responsabilidad civil, Rafael Delgado, Germán José Martín Giraldo y Ángel Román Montes habrán de abonar una cantidad de 4,5 millones de euros a la Administración autonómica. Además, se condenó a Rafael Delgado, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez Herrero y Carlos González Maestro a indemnizar en 2.026.198,37 euros a la Administración autonómica.

También se impuso a los condenados el pago de las costas procesales.

En el lado opuesto, Salvador Molina, exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y Francisco Armero, quien fuera director de Ade Parques y Gesturcal, fueron absueltos de todos los cargos que se les imputaban.

Las acusaciones entendían probado que tanto la compra de 'La Perla Negra', a fin de concentrar en un único edificio administrativo todos los servicios de apoyo a las empresas, como la iniciativa para desarrollar un polígono industrial en Portillo fueron orquestadas por los entonces altos cargos de la Junta Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, los dos primeros desde la Viceconsejería de Economía en distintas etapas y el tercero como gerente entonces de Gesturcal, con la intención de "facilitar las ilícitas" pretensiones de los distintos empresarios que ocuparon el banquillo junto a ellos.

La fiscal, como luego coincidirían las otras dos acusaciones, mostraron su convencimiento de que Delgado, Hernández y Sacristán, desde los distintos cargos que ostentaban, se concertaron para que a través de las citadas operaciones salieran beneficiadas Urban Proyecta PM3, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba, la primera de ellas propietaria de 'La Perla Negra' vendida a la Junta y también impulsora, junto con las otras dos mercantiles, del polígono de Portillo.

En el caso del proceso de arrendamiento de 'La Perla' y posterior venta por importe de 52 millones más IVA, apuntaron que las irregularidades se produjeron desde un primer momento ya que la empresa adjudicataria, Urban Proyecta, dispuso de información privilegiada al acceder al pliego de condiciones antes de que fuera publicado en el Bocyl el 30 de diciembre de 2005.

Las tres acusaciones coincidieron en que a lo largo de la tramitación del alquiler y la compra de 'La Perla' se cometieron infinidad de irregularidades, no sólo porque los 'papeles' no pasaron por el Consejo de Administración de ADE y luego Gesturcal sino también porque muchas de las obras para su distribución interna fueron abonadas por la sociedad pública pese a que ésta no fue la que encargó las mismas y no exista expediente que avale su adjudicación.

También en el proceso de compra de parcelas en Portillo, los acusadores consideraron probado que todos los acuerdos perseguían beneficiar a las mercantiles de los encausados mediante su interposición entre los propietarios de los terrenos para encarecer su valor, con claro perjuicio para las arcas públicas, y actuando "siempre a espaldas" del Consejo de Administración de ADE Parques, sociedad que no tuvo conocimiento de la iniciativa hasta mayo de 2011 durante una sesión de rendición de cuentas.