VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los agentes de la Guardia Civil informarán a la autoridad laboral de Castilla y León ostentada por la Dirección General de Trabajo de irregularidades, deficiencias o insuficiencias que supongan un riesgo grave o muy grave en algún centro de trabajo, principalmente los vinculados a los sectores de la construcción y agrario, y comunicarán también posibles accidentes laborales.
Además, los agentes del Instituto armado comunicarán a la autoridad laboral la información de los accidentes laborales, con independencia de que sean o no sean comunicados por el sistema 112, una labor de vigilancia que tendrá especial trascendencia en el entorno rural donde opera la Guardia Civil.
Estos son los principales compromisos del convenio de incorporación de la Guardia Civil en el procedimiento operativo de la prevención de riesgos laborales en el medio rural de Castilla y León suscrito este miércoles entre el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, y el general de la 12 Zona de Guardia Civil de Castilla y León, Francisco Javier Sualdea, por el que ambas administraciones intercambiarán sus informaciones en aquellos casos en los que se detecten situaciones de riesgo grave e inminente para los trabajadores.
"Que se transfiera información es básico", ha reconocido el consejero de Empleo, quien se ha comprometido a poner en conocimiento de la Guardia Civil el resultado de las actuaciones que realice en materia de accidentes laborales y a formar a los agentes de la Benemérita en materia de seguridad y de salud laboral para lograr una mayor eficacia en la comunicación de situaciones de riesgo y favorecer la calidad del trabajo.
A esto se una que la Guardia Civil podrá desarrollar dentro sus actuaciones de control labores de información a través del desarrollo de campañas específicas limitadas en tiempo y referidas a problemas como los accidentes 'in itinere' o la siniestralidad de los autónomos agrarios, entre otras.
Según ha recordado el consejero de Empleo a este respecto, la siniestralidad laboral en el sector primario es "algo superior" a la media debido al alto nivel de tecnología que maneja, al trabajo en solitario o a las diversas y variadas tareas que desarrollan agricultores y ganaderos que manejan también productos fitosanitarios o químicos.
Para la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, que ha presidido la firma del convenio, se trata de dar cumplimiento a un mandato constitucional en pro de la labor eficaz y coordinada de todas las administraciones para paliar los riesgos laborales. Según ha recordado a este respecto, la Guardia Civil como cuerpo de seguridad del Estado tiene asignadas misiones genéricas de protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana y auxiliar y proteger a las personas.
La firma de este convenio de colaboración cumple uno de los compromisos adquiridos en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020 firmada el pasado 27 de enero de 2016 entre los agentes económicos y sociales y la Junta de Castilla y León.
Esta estrategia incluye el 'V Acuerdo para la Prevención de Riesgos laborales en Castilla y León', que tiene como objetivos aproximarse a la siniestralidad cero, lograr la máxima coordinación con todos los agentes en prevención, fomentar la cultura preventiva, mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y eficacia y eficiencia en la prevención y la gestión del envejecimiento de la mano de obra.
Salgueiro ha recordado también que dentro de la actividad de coordinación, la Consejería de Empleo y la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desarrollan anualmente y de forma conjunta una planificación de actuaciones de la actividad inspectora que cuenta con cuatro áreas: prevención de riesgos laborales y relaciones laborales, que son competencia de la Junta, y las de Seguridad Social y Economía Irregular, que son competencia del Estado.
Según los datos aportados por estas administraciones, distintos estudios indican que, además del coste humano y personal de un accidente laboral, por cada euro que se invierte en Seguridad y Salud en el Trabajo hay una rentabilidad de 2,2 euros y que la relación entre coste y beneficio al mejorar la Seguridad y Salud en el trabajo es positiva.
Por otra parte, se estima que la carga económica de las malas prácticas en seguridad y salud laboral es de un 4 por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año. Asimismo, la inversión media en medidas preventivas es 30 veces menor que el coste que origina el propio accidente de trabajo.
"De esta forma, se concluye que las ventajas económicas de una buena Seguridad y Salud en el trabajo para las empresas grandes y pequeñas son significativas: aumenta la productividad de los trabajadores, reduce el absentismo, reduce las indemnizaciones y cumple los requisitos de los contratistas de los sectores público y privado", han indicado desde el departamento de Empleo.