BURGOS, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha iniciado en Burgos y su provincia las obras de rehabilitación eficiente, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en tres de los cuatro acuartelamientos en los que tenía previstas actuaciones de mejora.
Se trata de las casas cuartel de Medina de Pomar y Quincoces de Yuso y del edificio de la Glorieta Logroño de la capital, donde se asienta la jefatura de la Comandancia; permanece en espera la cuarta construcción donde se tenía pensado acometer estos trabajos, el Puesto de Villadiego, en el que, no obstante, su comienzo se prevé inminente.
Las obras ya iniciadas durante el presente año se encuentran en distintas fases de acometida y consisten en el aislamiento exterior S.A.T.E. en fachadas y cubiertas, la sustitución de ventanas y renovación de la iluminación interior, así como en la instalación de paneles solares, con una inversión total que supera los 5,4 millones de euros.
El alcance de estas tres reformas ya iniciadas repercute en una superficie total cercana a los 6.000 m2 , de los que 3.500 m2 corresponden al edificio de la Comandancia; el resto, se reparte entre Medina de Pomar (1.900 m 2 ) y Quincoces de Yuso (560 m 2 ). La partida presupuestaria total destinada a rehabilitación eficiente en estas unidades es superior a los 4,8 millones de euros.
Mientras que en tres de estos cuatro edificios ya se observan progresos y el avance del andamiaje correspondiente, así como de otros trabajos, en el inmueble de Villadiego aún no se han iniciado, si bien la empresa encargada de las reformas ha enviado a sus técnicos para planificar y coordinar la actividad, donde está proyectada una inversión de 566.815 euros, siendo la superficie total objeto de actuación 610 m2.
La Dirección General de la Guardia Civil, a través del Ministerio del Interior, es beneficiaria de los fondos europeos Next Generation a través del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
El programa Next Generation EU, instrumento de estímulo económico en respuesta a la crisis causada por el coronavirus, fue aprobado por el Consejo Europeo el 21 de junio de 2020.
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