Igea denuncia la "inutilidad" de la Comisión de Ética tras no hallar infracción por parte de Gallardo y Veganzones

VALLADOLID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha lamentado la decisión de la Comisión de Ética Pública de rechazar que ni el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ni el consejero de Industria, Mariano Veganzones, han vulnerado el Código Ético en el contexto de unas declaraciones que ambos habrían hecho en materia de inmigración.

El parlamentario, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha recordado que "debe distinguirse entre lo éticamente reprobable y lo penalmente punible". "Es difícil que la imagen de la Junta de Castilla y León caiga más bajo. No se puede tener peor imagen".

En referencia a los expertos que constituyen la Comisión de Ética Pública, Igea precisa que los mismos argumentan su conclusión en la jurisprudencia del Tribunal Superior, para advertir de que "no se trata de eso. La ética es el estudio del deber ser y no de lo que es penalmente o no punible".

"Este organismo ha asumido su inutilidad e incapacidad; su fracaso", ha concluido. "Si en Castilla y León solo es reprobable aquello que es punible judicialmente, este organismo no es necesario", sentencia.

Con fecha 30 de noviembre de 2023, se solicitó el pronunciamiento sobre el posible incumplimiento del Código Ético por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León en relación a lo sucedido en el balneario Las Salinas de Medina del Campo (Valladolid).

Posteriormente, con fecha 8 de enero de 2024, se añadió a esa consulta la solicitud de incluir las declaraciones públicas del vicepresidente del Ejecutivo autonómico en las que arremetía contra el Fiscal Superior del TSJCyL, al que calificaba de "delegado del PSOE golpista en la Fiscalía" y acusaba de excederse en sus funciones.

En concreto se consultó por las declaraciones públicas del vicepresidente de la Junta en relación a lo previsto en el artículo 6, apartado 2, que obliga a los altos cargos, tanto en actos publicados como privados, a evitar conductas o actitudes que puedan dañar la imagen de la institución.