El informe sobre Prepay en Burgos recoge que no se debió adjudicar el actual contrato por impagos que se remontan a 2018

BURGOS 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La investigación interna llevada a cabo por el Ayuntamiento de Burgos después de que la empresa 'Prepay', encargada de la recaudación de la recarga de las tarjetas del autobús urbano dejase una deuda de 850.000 euros, recoge entre sus conclusiones que "no se debió adjudicar el contrato actual" además de que se ha podido constatar que se había "consolidado el incumplimiento de pago desde 2018" por parte de dicha empresa, algo que si conocía el anterior equipo de Gobierno, del PSOE.

Así lo ha explicado el concejal de Movilidad, José Antonio López, quien ha comparecido en rueda de prensa para informar del resultado y las conclusiones derivadas del informe de investigación interna llevado a cabo por el vicesecretario del Ayuntamiento, al que se le encomendó "abordar todas las actuaciones llevadas a cabo por el Consistorio en relación con la empresa Prepay", tanto en lo que afecta al contrato firmado en enero de 2024 como el contrato anterior que estuvo en vigor desde 2018 hasta 2021.

Asimismo, López ha aseverado que el informe "arroja una serie de conclusiones importantes", como que se había "consolidado una situación de incumplimiento de pago desde 2018", que no se debió adjudicar el contrato actual y que el Consejo de Administración, que preside el concejal "no había sido informado de esta problemática".

Además, el concejal ha afirmado que no fue informado de que había una deuda "hasta el 27 de febrero de 2024".

El vicesecretario fue el encargado, el pasado 24 de octubre, de iniciar la encomienda de la alcaldesa, Cristina Ayala, de iniciar una investigación interna sobre los hechos, para lo que ha revisado los expedientes electrónicos, la documentación facilitada por el Servicio de Movilidad, y por el órgano de gestión tributaria además de pedir informes a una serie de personas que "podían aportar una información valiosa y de primera mano al respecto".

El informe que ha presentado López determina que "la empresa nunca pagó al Ayuntamiento en tiempo y forma" y subraya que "nunca se tomaron medidas al respecto", al tiempo que ha defendido su gestión y ha afirmado que "ha sido el actual equipo de gobierno "el que ha actuado" en cuanto ha tenido conocimiento de la situación provocada por Prepay.

La empresa, desde el primer contrato, firmado en 2018, "consolidó una situación de incumplimiento de los plazos para efectuar las liquidaciones", ha relatado López, quien ha insistido en que se desconocóa esta situación pero que "sí conocía" quien fue el responsable del contrato, el socialista Josué Temiño.

Tanto es así que 2018, primer año del contrato, la empresa incumplió su compromiso "en nueve de los doce meses". En 2019, 2020 y 2021 de todas liquidaciones, dos por mes, únicamente "dos fueron en plazo" en cada año. Unas liquidaciones que corresponden a la etapa socialista.

Ante esta situación, el vicesecretario señala en su informe que ante el "carácter reiterado" de los incumplimientos, lo que queda es "una impresión de tolerancia o de condescendencia" desde el Servicio de Movilidad en los años 2018, 2019, 202 y 2021, "periodo que no compite a este equipo de Gobierno ni a este concejal", ha subrayado José Antonio López.

Lo más llamativo del hecho es que el informe recoge que "nunca se debió de adjudicar el contrato actual" porque la empresa "acumulaba varias liquidaciones pendientes de abonar al Ayuntamiento de Burgos, circunstancia que no se comunicó al Consejo de Administración".

FALTA DE INFORMACIÓN AL CONSEJO.

Asimismo, López, ha indicado que el informe de adjudicación "iba limpio de cualquier reserva", ha expresado López. La licitación "tenía 100 puntos sobre 100, y nadie alertó de los impagos" que se venían produciendo, además de que otra de las conclusiones del informe es "la falta de información al Consejo de Administración" de este problema.

En el momento de adjudicarse este contrato por parte del Servicio de Movilidad, "existía una deuda de la empresa con el Ayuntamiento y ascendía a 426.849 euros". El funcionario público que ha realizado el informe asegura que "en modo alguno ha habido ningún tipo de convivencia entre el Ayuntamiento, ni nadie de su personal técnico o político con la empresa Prepay".

La causa principal de la inacción fue, "el temor a una interrupción del servicio por parte del técnico municipal". El informe del vicesecretario tampoco acredita que López y el Consejo conocieran el 29 de febrero pasado la cantidad exacta de la deuda que ascendía a 547.000 euros, como dice la jefa administrativa del servicio que se dijo, "no hay nada que acredite esto último", ha aseverado López.

Ante esta situación, López ha reconocido que debió "ser más diligente en la tramitación del procedimiento de penalidades", y si no lo hizo fue porque se le "insistió desde los servicios técnicos" en que si se imponían esas penalidades, "la empresa podía ir a quiebra".

Desde que el equipo de gobierno de PP y Vox -hasta la ruptura- tomó posesión y hasta el 27 de febrero de 2024, "nadie había informado, ni por escrito ni verbalmente, la situación que venía arrastrándose de incumplimiento de los plazos", ha aseverado López.

DEUDA.

Por ello, el concejal ha subrayado que esta circunstancia es achacable o "a los funcionarios y a los responsables políticos del anterior equipo de gobierno", que en el momento de salir de la Alcaldía acumulaban "una deuda de 300.000 euros". "300.000 euros de la que gran parte parece quererse olvidar", ha indicado el concejal de Movilidad.

López ha defendido las medidas adoptadas por el equipo de gobierno actuak desde que se tuvi conocimiento en abril de la deuda de más de medio millón de euros, lo que llevó s pensar "posibles soluciones" y desde que Prepay entró en concurso de acreedores, se ha enfocado la solución "en la resolución del contrato, en el inicio de un nuevo contrato para prestar el servicio, en la realización de pagos por parte de los administradores concursales y en el ejercicio de acciones penales".

La denuncia la interpuso el propio López en el Juzgado de Instrucción número uno.

Para evitar problemas en el futuro, resume el informe, "es necesario velar por la buena ejecución de los contratos". La figura del responsable del contrato "es fundamental y reaccionar con determinación ante cualquier incumplimiento del contrato", concluye el informe del vicesecretario.