El juez entiende que los señalados, entre ellos Francisco Esgueva, agravaron la situación de insolvencia de la mercantil
VALLADOLID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
Los que fueran administradores de la empresa de cartonaje San Cayetano, ubicada en Aldeamayor de San Martín, han sido inhabilitados por un periodo de dos años para administrar bienes ajenos y para representar o administrar los de cualquier persona durante dicho periodo como responsables del "concurso culpable" que la mercantil presentó en septiembre de 2014, según sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valladolid a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes del caso.
El fallo, que incluye la condena en costas de los inhabilitados y la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o de la masa, se produce dos meses después del juicio celebrado en el que tanto la administración concursal de la empresa como el Ministerio Fiscal sostuvieron la calificación de "culpable" el concurso de acreedores presentado por la referida mercantil y que señalaba directamente como principales responsables a los entonces tres integrantes de su consejo de administración.
Entre ellos, casualmente, figura Francisco Esgueva, quien, al igual que su hermano, Alberto, está incluido en la lista de los investigados por las dos macrocausas que se siguen en Instrucción 2 e Instrucción 4, en el primer juzgado relativa a la compra de 'La Perla Negra', el polígono de Portillo y el alquiler de la sede de la Junta en Bruselas y en el segundo relativo a la presunta trama de las eólicas.
El dictamen de la administración concursal de San Cayetano, compartido por la acusación pública, formaba parte de la última fase del concurso presentado en septiembre de 2014 y que gracias a la firma de un convenio con los más de trescientos acreedores evitó la liquidación de la compañía, que fue posteriormente adquirida por el grupo valenciano Hinojosa.
En el referido informe se apuntaba que el concurso de San Cayetano, con más de 200 trabajadores y un pasivo entonces superior a los 57 millones de euros, lo provocó la actuación de quienes formaban su consejo de administración, Francisco Esgueva, administrador único y presidente desde enero de 2012, así como Luis Carlos Izquierdo Diego y Carlos González Maestro, los tres ahora inhabilitados por sentencia judicial contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Valladolid.
Entre las razones de la situación de insolvencia creada en San Cayetano, el juez recoge en su sentencia de 'concurso culpable' los 2.400.000 euros colocados en una cuenta bancaria en Polonia para operaciones de inversión a través de Kronos Capital SL que nunca llegaron a materializarse, el crédito, sin ningún tipo de garantías, de 1.846.000 euros que la industria de cartonajes concedió la sociedad Parque Empresarial de Portillo--controlada directa o indirectamente por los gestores de la prestataria--, la misma que está siendo investigada por Instrucción número 2 por el fallido polígono industrial en dicha localidad, o los 2.780.000 euros que el propio Francisco Esgueva adeudaba a la concursada, de la que era socio único al poseer la totalidad, excepto una, de las participaciones.
"Pues bien, coincidimos con el administrador concursal en que los miembros del Consejo de Administración han intervenido al menos con culpa grave en estas operaciones en tanto que las autorizaron o al menos las conocían todos ellos (o debieron conocerlas), como acredita el hecho de incluirlas en la contabilidad de la compañía, sabiendo de la crítica situación de ésta y sin oponer nada a ello, permitiendo incluso su notable incremento", dictamina el juez, quien advierte de que los importes tan elevados que suponen las mismas, en torno a los 5 millones de euros, "hubieran permitido a la mercantil mantener la liquidez y solvencia suficientes para evitar el concurso".
Por todo ello, y a modo de conclusión, el juzgador mantiene que la actuación de los miembros del Consejo de Administración "se desarrolló con una flagrante infracción del deber de cuidado o diligencia más básico o elemental que exige la jurisprudencia y hay un claro nexo causal entre esa conducta y la generación del estado de insolvencia de la compañía".
INVESTIGADOS EN DOS 'CAUSAS COMPLEJAS'
Francisco y su hermano Alberto Esgueva, este último administrador solidario de San Cayetano entre 1991 y 2003 y quien llegó a ser vicepresidente de la empresa, están siendo investigados, junto con otros 26 cargos, exaltos cargos de la Administración regional y empresarios, por la operación de venta de terrenos en Portillo para la creación de un parque industrial que nunca llegó a ejecutarse.
El propio Alberto Esgueva, entre 2003 y 2006 consejero delegado de Excal y director del área de creación de empresas, internacionalización y servicios de la Agencia de Inversiones y Servicios, y su hermano Francisco están siendo además investigados, junto con otra veintena de personas, en otra 'causa compleja' por parte de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un informe de la Agencia Tributaria en el que el primero de ellos aparece como principal beneficiario (47,1 millones) de la denominada 'trama eólica' por la que altos cargos de la Junta de Castilla y León recibieron, presuntamente, un total de 80 millones de euros de las eléctricas por agilizar la tramitación de parques eólicos.