Fiscalía de Valladolid ha acordado incoar diligencias que han recaído en el Juzgado de Instrucción 1 de la capital
VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid tramita ya diligencias por presunto delito de prevaricación y malversación contra el alcalde de Tordesillas, el 'popular' Miguel Ángel Oliveira, con el fin de averiguar si pudiera haber incurrido en algún tipo de responsabilidad penal ante la prescripción de medio centenar de denuncias de tráfico entre los meses de junio y agosto de 2022.
Así lo ha acordado la Fiscalía de Valladolid tras recibir la correspondiente denuncia de los hechos y remitir la misma al Juzgado Decano a fin de que se proceda a su reparto al que por turno corresponda y por aquel, en este caso el citado Juzgado de Instrucción 1, se incoen diligencias para el esclarecimiento de los hechos ante la posible comisión de un delito de prevaricación por omisión y quebranto de las arcas públicas del municipio (artículo 404 del Código Penal) y un delito de malversación (artículo 432 del C.P), según ha podido saber Europa Press en fuentes del caso.
De hecho, Instrucción 1 ya se ha dirigido al Consistorio de Tordesillas para recabar la documentación correspondiente a fin de averiguar las circunstancias de por qué se dejaron prescribir las denuncias de tráfico que la plantilla de la Policía Municipal interpuso entre los días 16 de junio y 19 de agosto de 2022, durante casi dos meses, a medio centenar de conductores en dicha localidad por distintas infracciones, la mayoría leves y siete de carácter grave.
Además, se ha designado como fiscal instructor a la propia Fiscal Jefa de Valladolid, Soledad Martín.
En la denuncia que ha derivado en la incoación de diligencias de investigación se alude a los indicios existentes de que pudiera no estar realizándose la tramitación de las denuncias de tráfico, competencia del Ayuntamiento de Tordesillas, en contra de lo recogido en el artículo 84.4 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Y es que, como así se advierte, "la sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a los respectivos alcaldes, los cuales podrán delegar esta competencia de acuerdo con la normativa aplicable".
La denuncia de la no tramitación de las denuncias llegó a la Fiscalía vallisoletana el día 10 de junio de 2022 y en la misma se apuntaba que al menos desde el día 2 de ese mes la persona encargada entonces de tal cometido, un técnico municipal, había dejado de realizar dicha tramitación y pese a que la situación se puso en conocimiento del primer edil, junto con las correspondientes alternativas--la designación de otra persona, la contratación de una empresa externa o delegar la gestión a la Jefatura de Tráfico de Valladolid--, no se había obtenido respuesta alguna.
La voz de alarma de esta situación la dieron los propios integrantes de la plantilla de la Policía Municipal de Tordesillas y la pusieron en conocimiento de la Jefatura del Cuerpo a raíz de que, pese a las numerosas denuncias interpuestas, no les llegara a ninguno de ellos, pese a lo que suele ser habitual, pliego de descargo alguno por parte de los conductores denunciados.
"PARA QUÉ DENUNCIÁIS, SI NO TRAMITÁIS"
De hecho, algunos de estos conductores llegaron a echar en cara a los agentes la situación. "Para qué denunciáis, si luego no tramitáis", aseguran que les trasladaron varios infractores, de ahí las sospechas de los policías de que el Ayuntamiento de la localidad no estuviera realizando los trámites oportunos para el cobro de las multas.
Al parecer, la tramitación de las denuncias no se reanudó hasta mediados de noviembre de 2022, una vez que se volvió a contar con la persona encargada de tal cometido.
El regidor de Tordesillas, en declaraciones a Europa Press, se ha mostrado tranquilo y, aunque asegura que aún no ha llegado nada al Ayuntamiento, anuncia que el equipo jurídico se pondrá en su momento manos a la obra para trabajar y demostrar que en este caso "no se ha tratado de beneficiar a vecino alguno", sino que si en esos dos meses no se han tramitado las denuncias de tráfico ha sido por falta de personal.
POR FALTA DE PERSONAL
De hecho, el regidor tordesillano ha explicado que el problema se inicia cuando la persona que tenía este cometido se jubiló y entonces se tuvo que asignar la tarea a un técnico, si bien este último tuvo que dejarlo porque no podía compaginar las labores que ya desempeñaba con las nuevas.
Se optó entonces por sacar una plaza de administrativo que desde hace más de un año se ha hecho cargo de la tramitación de las denuncias. "Sé que ha habido unos meses en los que no se ha podido realizar esa labor, pero es que tras la pandemia no ha sido fácil sacar una plaza", ha defendido Oliveira, quien también ha enmarcado la denuncia en el conflicto laboral mantenido en su día con la plantilla de la Policía Municipal y la huelga anunciada para el cobro de una serie de atrasos.
"Lo triste es que un policía denuncia a la administración cuando a ellos mismos se les ha ofrecido hacerse cargo de la tramitación, pagándoles por ello, y se han negado", ha lamentado Oliveira, quien recuerda además que un ayuntamiento no funciona bajo el "ordena y mando" del alcalde sino que en el mismo hay figuras habilitadas del Estado, como un secretario municipal y una interventora, que también deben realizar sus correspondiente funciones.