IU-Equo y Podemos instan al Gobierno a pronunciarse sobre la mina de Retortillo

Acusan a PP y Junta de Castilla y León de connivencia con Berkeley y exigen la elaboración de una nueva Declaración de Impacto Ambiental

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU-EQUO y Podemos han instado este martes al Gobierno de la nación a que tome cartas en el asunto respecto de la construcción de una mina de uranio en Retortillo (Salamanca) al entender que el proyecto de Berkeley Minera, de capital mayoritariamente australiano, constituye "la mayor amenaza medioambiental" en España y su tramitación plantea numerosas irregularidades que exigen la elaboración de una nueva Evaluación de Impacto Ambiental que, entre otras cuestiones, contemple algo tan simple como el carácter radiactivo de los residuos que generará la explotación.

A tal efecto, Unidos Podemos, a través del Congreso de los Diputados, ha formulado distintas preguntas al Ejecutivo de Mariano Rajoy al objeto de recabar su opinión sobre si considera conveniente realizar una nueva evaluación ambiental en la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo, en concordancia con lo acordado en un reciente informe por el Procurador del Común en Castilla y León, y si se plantea la posibilidad de realizar la consulta que también plantea dicho defensor de los castellanoleoneses ante los efectos transfronterizos de las actividades derivadas de su explotación.

"El proyecto es la mayor amenaza y agresión planteada actualmente en España. Se trata de una actividad con un horizonte temporal de entre seis y diez años que va a dejar un rastro destructivo de cientos de años en el medio ambiente y en la economía de la zona, sobre todo en su sector agroganadero y desde el punto de vista turístico, pues no hay que olvidar la existencia de un balneario con 80 puestos de trabajo fijos", ha resumido el diputado nacional de Equo Juan López de Uralde.

La iniciativa de Berkeley, tal y como recuerda López de Uralde, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha generado una gran oposición social en la comarca, Castilla y León, España y en el contexto internacional y ha experimentado ahora un "giro de 180 grados" a raíz del último informe del Procurador del Común", que, entre otras cuestiones, sostiene que la evaluación de impacto ambiental es incorrecta y es preciso elaborar una nueva, amén de la necesidad de valorar la incidencia de la mina en distintos ecosistemas de la zona y sus efectos transfronterizos, dada la proximidad con Portugal.

Con el dictamen del Procurador del Común, "el Gobierno de la nación debe posicionarse, no puede mirar para otro lado", insiste López de Uralde, quien reitera la tremenda destrucción de un proyecto cuyo impacto económico será mínimo, capítulo en el que sostiene que, en el mejor de los casos, no se generarán más de un centenar de puestos de trabajo, frente a los 2.500 que baraja la promotora de la iniciativa.

QUE RESPONDA HERRERA

Pero además, tanto los portavoces regionales de IU-EQUO y Podemos, José Sarrión y Pablo Fernández, junto con la líder de EQUO en Castilla y León, Marta Santos, han acusado a la Junta de "connivencia" con la empresa al "allanar" el terreno al proyecto y ponerse en contra no sólo del Procurador del Común sino del propio Gobierno, que tiene suspendida una licencia otorgada en 2015 por el Ministerio de Industria, a la espera del pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear, al observar "las carencias de la DIA aprobada por la Administración regional, entre ellas, nada más y nada menos, por no recoger que los residuos son de carácter radiactivo", apostilla la tercera de los citados.

"La pregunta al por qué de esa connivencia tendrá que responderla el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera", advierte el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, quien invita al presidente 'popular' a que se informe de las resoluciones del Gobierno de España y de la legislación nacional y europea, en lugar, insiste, de "allanar el terreno a una empresa que viene a destrozar el medio ambiente por un puñado de dólares".

En la misma línea, el diputado de EQUO Juan López de Uralde sostiene que la Junta de Castilla y León está tratando de favorecer en distintas provincias de la Comunidad al sector extractivo, como es el caso de la mina de feldespato en Ávila, "haciendo una apuesta por una actividad que va a destruir la base de la economía de muchísimos pueblos, fundamentalmente la agroganadería, y que va a convertir a este territorio en una enorme cantera para el resto del país. Es una apuesta perdedora".