El juez de la enajenación de los todoterreno de Fomento no tiene aún lista de investigados

La menor que denunció al capellán de Las Angustias por enviarle un vídeo sexual da plantón al juez - EUROPA PRESS. - Archivo

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Valladolid que investiga la posible comisión de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos con motivo de la enajenación por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de un total de 313 vehículos todoterreno forestales que, sin embargo, fueron derivados al mercado de la segunda mano, aún no ha citado a nadie en calidad de investigado.

Tales delitos habrían contado con la participación directa de empresas y particulares que habrían sido beneficiados por la adquisición de un número importante de vehículos por entre 600 y 800 euros cuando su precio en el mercado de segunda mano es de aproximadamente 9.000 euros.

El instructor, José María Crespo, abrió las Diligencias Previas 765/2019 en mayo de 2019 tras recibir otras diligencias procedentes del Juzgado de Instrucción 1 de Ávila, iniciadas por atestado de la Guardia Civil, según confirma este viernes el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Hasta el momento, no hay nadie citado como investigado ya que se ha empezado a analizar la documentación obtenida en la Consejería de Fomento tras la petición de información solicitada por el Juzgado y que se ha llevado a cabo de modo personal por la Policía Judicial de la Guardia Civil para garantizar la cadena de custodia.

INTERESADA DIVISIÓN EN LOTES

El Juzgado investiga si se ordenó (no se sabe todavía quién) dividir lotes de coches por provincias para evitar que su valor superase los 30.000 euros en lugar de acudir al procedimiento de subasta pública, como hubiera sido preceptivo, con el fin de evitar la misma.

Cada delegación territorial habría vendido o enajenado sus vehículos por venta directa en desguaces con baja temporal no definitiva. Las cantidades por las que habrían sido vendidos los coches serían de entre 600 y 800 euros cada uno.

Algunos vehículos, de los 103 destinados en principio a destrucción directa, han sido detectados circulando de nuevo. Otros 63 coches han sido transmitidos a empresas y 147 continúan bajo titularidad de la Junta de Castilla y León.

Según la investigación realizada por la Guardia Civil, el posible perjuicio económico para las arcas autonómicas sería de casi tres millones de euros.