VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado este jueves la formalización de 47.762.919 euros de deuda a largo plazo durante el ejercicio 2024, ya que Castilla y León cuenta con una deuda del 18,8% del PIB, inferior en 3,1 puntos porcentuales a la media autonómica que alcanza el 21,9% y tiene el 70,8% de su deuda a tipo de interés fijo.
Así lo ha dado trasladado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo, donde ha estado acompañado por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.
Este importe, ha detallado el titular de Economía, es el resultado de la aplicación de las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en materia de endeudamiento, correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, así como a los reembolsos anticipados no previstos realizados por distintos entes del sector público autonómico.
Esta actualización del volumen máximo de operaciones de endeudamiento a largo plazo, que se pueden formalizar en este ejercicio, respeta el objetivo de deuda fijado para la Comunidad y ha sido previamente autorizado por el Consejo de Ministros.
Por otra parte, la aportación de Castilla y León al endeudamiento general de las autonomías españolas es "limitada" y con una ratio de deuda en términos de PIB del 18,8% inferior en 3,1 puntos porcentuales a la media autonómica, que se sitúa en el 21,9%, según los últimos datos actualizados por el Banco de España, correspondientes al segundo trimestre de 2024.
Este moderado nivel de endeudamiento es uno de los aspectos que la agencia Moody's ha valorado de forma favorable en su decisión del pasado mes de marzo de mejorar el perfil financiero de la Comunidad elevando el rating Baa1 a perspectiva positiva, ratificando de este modo la misma calificación que el Reino de España.
Por último, la mayor parte de la cartera de deuda de Castilla y León, en torno al 70,8%, está financiada a tipo de interés fijo, y un 29,2% está concertada a interés variable, lo que mitiga el impacto directo del incremento del Euribor.