La Junta de CyL tramita ya la creación de una Agencia para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior abre hoy, en el Portal de Gobierno Abierto, la consulta pública previa para la elaboración de un anteproyecto de ley destinado a la creación de una agencia responsable de la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción en Castilla y León.

El vicepresidente Francisco Igea ha informado esta mañana, en Consejo de Gobierno, de los objetivos y del alcance de la iniciativa que se plantea desde la consejería que dirige. Con esta iniciativa comienza el recorrido para alcanzar uno de los acuerdos de gobernabilidad comprometidos para la legislatura en materia de regeneración política e institucional.

La principal finalidad que se persigue con esta nueva ley es poder abarcar cualquier irregularidad en la toma de decisiones y el manejo de fondos y recursos públicos mediante la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción.

Asimismo, no solo se persigue una adecuada gestión pública sino también una correcta utilización de fondos públicos por parte de quienes los reciben, ya sean entidades públicas o personas físicas o jurídicas privadas.

Otro objetivo destacado es difundir la cultura de la responsabilidad en la lucha contra el fraude y la corrupción tanto en los empleados públicos como en el resto de la sociedad.

Desde una perspectiva de la prevención contra el fraude y la corrupción, la norma ha de facilitar la creación de alertas y mapas de riesgos o cualquier otro método preventivo que ayude a detectar amenazas y posibles riesgos de fraude y corrupción; y sancionar tales conductas cuando sean demostradas.

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior considera indispensable la implicación de los empleados públicos y de los ciudadanos, y para ello es imprescindible adoptar medidas que proporcionen protección a los posibles denunciantes ante posibles represalias que pudieran derivarse de la denuncia presentada.

Así, la Junta de Castilla y León quiere abordar de forma integral la lucha contra el fraude y la corrupción al incorporar las estipulaciones de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes.

De este modo, con el procedimiento participativo para la aprobación de este nuevo anteproyecto de ley -que se inicia hoy y estará disponible hasta el 22 de noviembre- se podrán considerar e incorporar las aportaciones realizadas durante el pasado mes de septiembre, cuando se habilitó la fase de información pública de la modificación de la citada ley de 2016.

PÚBLICA E INDEPENDIENTE

Los instrumentos con los que se cuenta en la Administración autonómica resultan insuficientes para abordar la actuación que se pretende de forma global sobre todo tipo de fraude y corrupción, por lo que se requiere dotar a la Comunidad de Castilla y León de un instrumento jurídico que permita abarcar, en toda su amplitud, la vigilancia sobre la gestión pública a través de la toma de decisiones o del manejo de los fondos y recursos públicos.

Por ello surge la necesidad de crear una entidad de carácter público que tenga como función primordial la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en la Comunidad de Castilla y León.

Se crea así la Agencia para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunidad, con independencia y autonomía en el ejercicio de sus competencias respecto de cualquier administración pública y con el objeto de cumplir su finalidad.

En el ámbito de las administraciones públicas, su ámbito de actuación no ha de limitarse únicamente a la Administración general e institucional de la Comunidad de Castilla y León sino que se extiende también a las entidades integrantes de la Administración local dentro de su territorio.

Asimismo, ha de abarcar al resto de instituciones y entidades integrantes del sector público autonómico y ha de incluir a las personas físicas o jurídicas que reciban fondos públicos, ya sea a través de subvenciones, ayudas, contratos o cualquier otro mecanismo jurídico.