VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León había decidido asumir la tutela de Sara y su hermana de doce años el mismo día en el que la primera ingresó en el hospital, el 2 de agosto, donde murió al día siguiente víctima de malos tratos y tras haber sufrido abuso sexual, "por la negligencia de la madre (Davinia M.G) en la atención doméstica de sus hijos y por su falta de colaboración con los Servicios Sociales" y no porque se apreciara riesgo para ellas.
Así lo ha afirmado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, quien ha comparecido a petición propia para informar de las actuaciones llevadas a cabo por los servicios de protección a la infancia de la Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid en relación a la menor, fallecida el jueves 3 de agosto en el Hospital Clínico Universitario.
García, quien ha explicado el funcionamiento de los servicios y los protocolos de actuación, ha defendido la actuación de la Junta y sus profesionales porque cumplieron normas y protocolos "más allá de los mínimos", "fueron equilibrados y proporcionales" en su actuación y sus conclusiones fueron "coherentes" con la información con la que se contaba, que no hacia presagiar peligro para la vida de la menor. "Se hizo lo correcto", ha señalado la consejera.
En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo, la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha explicado que el 2 de agosto (tras una segunda visita fallida al domicilio familiar después de citarse con la madre) a las 9.00 horas se celebró una Comisión de Valoración en la que se propuso la asunción de la tutela de las menores.
Los motivos que se adujeron fueron que la progenitora no reconocía ni era consciente de las necesidades de las menores y presentaba una situación de separación actual en la que se niega a aceptar ayuda instrumental para las niñas; hay una inadecuada organización parental en el cuidado de las menores, con posible situación de negligencia por parte de la madre, quien "minimiza, justifica y niega" la situación de posible maltrato vivida por ella y sus hijas; y la no colaboración parental con la Administración para valorar la situación.
Así, la consejera ha aclarado que la decisión se toma no porque se piense o haya indicios de que pueda existir un "riesgo vital" para las niñas, algo que hasta ese momento no se desprendía de nada de lo que se conocía por los diversos profesionales de distintos ámbitos que habían tenido conocimiento del caso, sino "por la negligencia de la madre en la atención doméstica de sus hijos y por su falta de colaboración con los Servicios Sociales".
Hasta ese momento nadie, ni siquiera el entorno cercano a las niñas (en referencia a sus tíos), pensaba que alguien pudiera atentar contra la vida de Sara.