La Junta de Personal de las Cortes no ve acoso en la relación entre el letrado mayor y la funcionaria denunciante

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal de la Cortes de Castilla y León resta crédito a la denuncia por acoso laboral que la funcionaria que ocupaba el puesto de jefa del Servicio de Gestión Administrativa del parlamento ha interpuesto contra el letrado mayor y secretario general de la institución, Marcos Herrero Martínez-Tutor.

Este último estaba citado a declarar como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid el pasado 14 de noviembre, declaración que se aplazó al próximo 16 de diciembre debido a una ampliación de la denuncia por parte del abogado de la funcionaria denunciante.

El órgano que representa a los trabajadores del Parlamento ha emitido un informe, a petición de la Mesa de las Cortes, en el que expone que "no tiene conocimiento de ninguna actuación, referida al personal de la Cámara, constitutiva de acoso laboral" y añade que "los hechos relatados" por la denunciante, "a juicio de la Junta de Personal, no pueden entenderse constitutivos de tal delito", según una información del diario El Norte de Castilla recogida por Europa Press.

El informe, fechado este martes 19 de noviembre pasado, aborda a lo largo de 44 páginas una cronología que se remonta en el calendario a la etapa en la que la denunciante fue sustituida en la jefatura que ocupaba mediante una 'adscripción provisional' de otro compañero. Eso ocurrió en mayo de 2022 y se utilizó el mismo sistema, resaltan desde la Junta de Personal, por el que ella había asumido esa responsabilidad años atrás.

La funcionaria argumenta en su denuncia que desde entonces se le ha sometido por el secretario general de la Cortes a actuaciones orientadas a promover su aislamiento laboral, que han motivado una baja laboral psicológica. Esta denuncia ha llevado al procurador Francisco Igea a pedir formalmente la suspensión del letrado mayor mientras se investiga judicialmente.

"Al secretario general-letrado mayor se le nombra o se le cesa, pero parece no tener sentido que se le suspenda', inciden desde la Junta de Personal.

Los responsables de este órgano interno de las Cortes, elegido por la plantilla de la institución, desglosan en el informe comunicaciones laborales de la denunciante en las que remarcan que "nunca nos ha comunicado ni referido en sus escritos episodios de desavenencias, conflictos de carácter interpersonal o situaciones tensas en el ambiente de trabajo que constituyan un patrón repetido de abuso".

Recuerdan que cuando ella llegó a la jefatura de Gestión Administrativa, por el mismo procedimiento que el aplicado en su caso, se cesó al compañero que desempeñaba esa función, "siendo impensable que nadie interpretara ese hecho, en aquel momento, como un supuesto acoso laboral".

Entienden que ese reemplazo se produce en un contexto de "falta de confianza", algo habitual con el cambio en los órganos de gobierno del Parlamento y el relevo en el cargo del letrado mayor, que "no puede reconducirse a tipo penal alguno".

Desde la Junta de Personal señalan que en una institución con "una plantilla tan pequeña" el encargo de tareas urgentes en periodo de vacaciones o fines de semana, como denuncia la funcionaria para fundamentar el acoso, "no es un hecho aislado, ni con el actual secretario general ni con los anteriores... nunca nadie lo ha considerado acoso laboral ni ha desempeñado esas tareas por temor a represalias, sino más bien por responsabilidad institucional".