Un "sencillo" modelo permitirá comunicar malos tratos a través de la web de la Gerencia de Servicios Sociales
VALLADOLID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León tratará de reforzar el Sistema de Protección a la Infancia con una quincena de medidas que persiguen mejorar aspectos clave como la detección y notificación de casos de maltrato y la coordinación de todos los agentes que intervienen en este sistema.
Todo ello se lleva a cabo con el fin de que "jamás" vuelva a ocurrir otro hecho como el de la niña Sara, asesinada este verano tras sufrir malos tratos y agresión sexual, ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, momentos antes de presidir la reunión de la Sección de Atención y Protección a la Infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León.
García ha defendido que el Sistema es "sólido", cuenta con normas "avanzadas", protocolos que han servido de base para la reforma de la normativa estatal y unos cualificados profesionales. Sin embargo, cree que los hechos que acabaron con la vida de Sara el 3 agosto tienen que "remover a todos" para reforzar y mejorar el Sistema.
Para ello, ha afirmado que hay una "hoja de ruta", objetivos claros, medidas que esperan sean eficaces y una "inequívoca" voluntad de garantizar una adecuada respuesta a los menores que lo necesiten.
Alicia García ha explicado que desde hace más de un mes todos los departamentos implicados de la Consejería han realizado un importante esfuerzo para reforzar el Sistema y han detectado aquellos puntos susceptibles de mejora y desarrollado medidas y actuaciones concretas para conseguirlo.
Así, se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de cada una de las fases y elementos del procedimiento de actuación en el Sistema y se han centrado las actuaciones en aspectos "clave" como la notificación de situaciones de maltrato en la infancia, además de en la coordinación de todas las instituciones que intervienen, ya que la consejera ha recordado que la detección de un caso se puede comunicar por parte de familia, vecinos, educadores, profesionales sanitarios e instituciones como Fiscalía, juzgados, fuerzas y cuerpos de seguridad.