El 'macrojuicio' de estafa concluye en sentencia absolutoria para la totalidad de acusados

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'macrojuicio' por estafa celebrado en Valladolid, el segundo más voluminoso en cuanto a 'inquilinos' de banquillo en la historia judicial vallisoletana, ha concluido con un fallo absolutorio para la totalidad de los casi sesenta encausados por un problema de nulidad de la providencia del Juzgado de Intrucción número 1 que autorizó inspeccionar las cuentas de los encausados.

El fallo de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, no sólo beneficia a los acusados que fueron a juicio sino también a los otros 33 que al inicio de la vista sellaron con las acusaciones pública y particulares distintas sentencias de conformidad reconociendo la autoría de los hechos.

En su fundamentación, el tribunal estima los alegatos de los letrados de los acusados que se negaron a pactar la condena y que durante el juicio insistieron que solicitar la nulidad de la providencia del Juzgado de Instrucción 1, de fecha 8 de abril de 2016, que autorizó a la Brigada de Delincuencia Económica acceder a cuentas de los encausados, lo que supone "una vulneración del derecho a la intimidad de especial gravedad que se extiende no solo a todas las documentales que se libran a consecuencia de los mandamientos y oficios que se acuerda librar en dicha providencia sino a todas las diligencias que se practican con posterioridad", apunta la sala, que incluye, insiste, en este pronunciamiento absolutorio a aquellos que en el trámite previo prestaron sus conformidad con las acusaciones.

En la causa figuraban inicialmente 63 acusados, a los que se imputaban un delito continuado de falsedad en concurso medial con un delito de falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

De forma genérica, el proceso judicial investigó a un grupo criminal, encabezado por cuatro de los acusados, que se concertó supuestamente para llevar a cabo una serie de operaciones consistentes en la solicitud y obtención de préstamos de distintas entidades bancarias, a través de terceras personas, justificando la solvencia económica con documentación que no reflejaba la realidad, para, con carácter general, la compraventa de vehículos de segunda mano.

Estas terceras personas, como pago por su intervención, recibían supuestamente una parte del dinero y el resto se lo embolsaba el grupo integrado por los cabecillas.