Once ejes de gobierno y 32 acciones en el pacto alcanzado entre PP y VOX para gobernar en Castilla y León

Ley de violencia intrafamiliar, defensa de las provincias, educación libre de adoctrinamiento e inmigración ordenada, algunas de las medidas

VALLADOLID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pacto de gobernabilidad en Castilla y León rubricado este jueves entre el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el procurador de Vox y cabeza de lista en las pasadas elecciones del 13 de febrero, Juan García-Gallardo, incluye once ejes de gobierno y un total de 32 acciones.

La primera de esas 32 acciones recoge la aprobación de una ley de Desarrollo y Competitividad Rural, con un apoyo al medio rural, además de que en el documento firmado se incluyen medidas como priorizar la creación de empleo "estable y de calidad", el retorno del talento, el fortalecimiento del tejido económico, con "especial incidencia" en el emprendimiento, además de favorecer la reindustrialización y aprovechar los recursos propios y el apoyo a las explotaciones mineras existentes y los proyectos previstos de minería.

Asimismo, PP y Vox se comprometen a instar al Gobierno y a la UE a proteger el campo y la industria "de la competencia desleal" del producto extracomunitario; a apostar por el futuro del sector servicios, el comercio, el turismo, la hostelería y el transporte, y a impulsar el equilibrio territorial entre todas las provincias.

ACTIVIDAD ESENCIAL.

Igualmente, se reconoce el carácter "esencial" de la actividad agrícola y ganadera, así como de la industria agroalimentaria; se ampliarán las zonas de regadío; se pedirá al Gobierno central un "equilibrio" entre la ganadería y la protección del lobo; se garantiza la sanidad pública," reforzando las inversiones" para crear un sistema sanitario "cercano, gratuito e innovador".

Ambas formaciones se compromete a aprobar una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar, promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas, además de actualizar la normativa vigente en materia de protección para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables.

Asimismo, se comprometen a luchar contra la pobreza y la exclusión social, apoyar la familia "como institución básica de la sociedad y pilar del estado del bienestar"; a apoyar la natalidad con ayudas directas, conciliar la vida familiar y laboral, consolidar un modelo educativo basado en "en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que
tenga por objeto la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico"; y exigir una EBAU única.

Acceso a una vivienda en condiciones de igualdad con especial atención a jóvenes y al mundo rural; mejorar la conectividad; consolidad a castilla y León como referente cultural y protección del patrimonio; defensa del patrimonio natural y forestal y desarrollo de sus oportunidades; son otras de las acciones recogidas en el acuerdo donde además se incluye que el compromiso de trabajar por la dignidad, memoria y justicia de las víctimas del terrorismo.

Desde este acuerdo, ambas formaciones reclamarán una financiación autonómica "justa y solidaria", garantizarán "transparencia y eficacia" en los fondos europeos, impulsarán una política fiscal "inteligente", capaz de atraer y retener tejido productivo con una Administración "cercana, eficaz, austera y transparente".

Se reconoce, además, el papel "protagonista" de los municipios y las provincias, la despoblación y las políticas demográficas serán "cuestión prioritaria", pedirán al Gobierno central revertir una política energética, además de que promoverán una "inmigración ordenada" que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León.

Los once ejes de este acuerdo, firmado apenas 15 minutos antes de que se constituyesen las Cortes de las XI Legislatura, son vigilar y defender la igualdad entre todos los ciudadanos; promover la solidaridad entre las comunidades; reivindicar la historia común "como elemento integrador"; defensa de los intereses ante la UE; impulso de la capacidades productivas y los recursos de la Comunidad; compromiso con el mundo rural; servicios públicos de calidad; mejora de las infraestructuras; cohesión territorial; apoyo a las familias y la natalida y reducción del gasto institucional "superfluo e ineficaz".