El pleno de la Diputación de Ávila aprueba el presupuesto, de 62 millones, con la abstención de PSOE y UPyD

ÁVILA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Ávila ha aprobado, con los votos a favor de PP, abstención de PSOE y UPyD y rechazo de IU, C's y Trato Ciudadano, las cuentas de la institución para el próximo ejercicio, en el que se contará con un presupuesto consolidado de 62 millones de euros.

En esa cuantía se incluyen los presupuestos del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), la Fundación Cultural Santa Teresa, Naturávila y los consorcios provinciales de residuos Zona Norte y Tiétar, y sin contar con estas entidades, el presupuesto de la Diputación Provincial para 2017 será de algo más de 52 millones de euros, un 1,8 por ciento menos que en el presente ejercicio.

Los presupuestos de la institución, según ha destacado el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Pablo Martín, están "claramente volcados en los municipios" y tienen un carácter "eminentemente social", hasta el punto de que contemplan medidas como dos millones de euros que se ahorrarán los municipios de pagar al OAR por la gestión del cobro de sus tributos y que podrán destinar a las necesidades que ellos consideren.

También ha destacado Martín, entre los capítulos destacados, la reducción de la deuda de la institución en más de 3 millones de euros, lo que, al finalizar el ejercicio, dejará una deuda inferior a los 10 millones de euros por primera vez en 25 años.

A este fin se destina el seis por ciento del presupuesto, que contempla, además, un incremento del 39 por ciento de los fondos destinados a los ayuntamientos, al pasar de nueve a 12,5 millones de euros, entre partidas directas que gestionarán los municipios y programas especiales de financiación. De este modo, se dedicarán unos 120 euros a cada habitante de la provincia.

El portavoz ha subrayado tres líneas básicas que se mantienen, como 5,5 millones del Plan Extraordinario de Inversiones (PEI), un aspecto que ha resaltado, al ser la Diputación la única institución que asiste a los municipios, financieramente hablando, para atender infraestructuras básicas.

También se mantienen dos millones de euros para el Plan de Empleo y 1,5 millones de euros destinados a financiar el gasto corriente de los municipios.

Además, la Caja de Cooperación Provincial contará con 1,5 millones de euros para conceder en créditos bonificados a tipo cero, con ocho años de amortización, que se destinen a mejorar la eficiencia energética de las diferentes poblaciones.

El servicio a los municipios, además, se fortalecerá con la incorporación de tres técnicos al Servicio de Asesoramiento a Municipios y el Área de Servicios Sociales contará con 15,7 millones de euros de presupuesto, cerca del 30 por ciento del total, ya que se incluyen los ocho CEAS y 11 UTS distribuidos en la provincia, que contribuyen a vertebrar el territorio.

En estos presupuestos, se contemplan tres enmiendas de las presentadas por los diferentes grupos políticos con representación en el pleno de la Diputación, que son dos del PSOE, relacionadas con el aumento a 20.000 euros de la partida destinada al convenio de Audición y Lenguaje con la Universidad de Salamanca (USAL), que atiende a los niños con problemas de estas características en la provincia, y una, de 5.000 euros, relacionada con la instalación de desfibriladores en los municipios.

También, a propuesta de UPyD, se destinarán 20.000 euros a la promoción en medios de comunicación de la provincia en Madrid.
Asimismo, se ha trasladado el compromiso de continuar trabajando en propuestas de otras formaciones en materias como normas subsidiarias de urbanismo, conversión de contratos en indefinidos, priorizar el empleo, las infraestructuras viarias e hidráulicas y la gestión de residuos con cargo a los remanentes de Tesorería, así como la posibilidad de poner en marcha un Plan de Empleo Femenino en el medio rural.

Igualmente, se estudiarán medidas como el apoyo a la producción de productos naturales y al comercio rural y también se estudiará la posibilidad de establecer una contratación mínima de trabajadores en todos los ayuntamientos.