Podemos CyL exige que los juicios sobre cláusulas suelo vuelvan a los partidos judiciales

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos en Castilla y León ha exigido que los juicios sobre cláusulas suelos y otras abusivas vuelvan a poder celebrarse en los Juzgados de Primera Instancia de cada partido judicial, algo que desde el pasado día 1 de junio compete solo a las capitales de provincia.

Este cambio, en opinión de la formación morada, supone que miles de personas afectadas por abusos bancarios en las provincias de Castilla y León tienen que desplazarse a sus respectivas capitales para reclamar judicialmente.

La nueva distribución de competencias judiciales, "que ahonda en el deterioro de los servicios públicos que sufre las provincias de Castilla y León, donde se encuentran un gran número de municipios y cuyas distancias son muy amplias, tiene como único objetivo desincentivar las reclamaciones judiciales de las personas afectadas por las malas prácticas bancarias".

El cambio normativo abarca no sólo las cláusulas suelo, sino también otros abusos bancarios relacionados con las hipotecas, como la reclamación de los gastos notariales y registrales, el índice IPRH o las hipotecas multidivisas. El conjunto de la comunidad jurídica (abogados, procuradores, jueces) y las asociaciones de consumidores, sostiene Podemos, se oponen a un plan judicial que privilegia la posición de los bancos.

La formación liderada por Pablo Fernández, a través de un comunicado recogido por Europa Press, advierte de quwe la situación es de máxima gravedad, y pone como ejemplo el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Salamanca, que se está viendo desbordado ante la avalancha de demandas sin que haya recibido personal de refuerzo, tal y como ha denunciado CCOO.

La consecuencia práctica del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la supresión de los Juzgados de Primera Instancia que existen en las sedes de los partidos judiciales, de tal forma que las personas del medio rural con cláusulas suelo deberán acudir a la capital provincial e incurrir en costes añadidos.

"Consideramos que los poderes públicos deberían ponerse del lado de los consumidores en lugar de ayudar a una banca que acumula miles de sentencias judiciales en contra. Estas políticas llevadas a cabo por el gobierno del Partido Popular van en contra del mundo rural y todas las personas que viven en los pequeños y medianos municipios, colapsando los juzgados de las capitales provinciales", concluye Podemos.