Posible responsabilidad patrimonial a la Junta por lucro cesante por cierre de gasolineras

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las cooperativas se han planteado reclamar responsabilidad patrimonial a la Junta de Castilla y León por el lucro cesante al tener que cerrar "muchas de sus gasolineras" tras la entrada en vigor de la Ley del Estatuto del Consumidor que impidió la apertura de estaciones de servicio desatentidas, es decir, sin empleados.

A través de un comunicado de prensa de Urcacyl recogido por Europa Press, la Unión de Cooperativas ha criticado también la "pasividad" de los grupos parlamentarios del PP y del PSOE ente este asunto que ha llevado a las cooperativas a recoger firmas para instar a las Cortes a modificar la normativa aplicable a las estaciones de servicio.

La Junta Electoral de Castilla y León ha comunicado a Urcacyl que ya ha entregado más del 0,75 por ciento de las firmas del censo regional que permitirán tramitar la iniciativa legislativa popular presentada en las Cortes de Castilla y León para la modificación de la Ley que obliga a las estaciones de servicio a tener una persona responsable mientras permanezcan abiertas y en servicio.

Según sus datos, precisaban al menos el 0,75 por ciento de firmas de todo el censo de Castilla y León (15.938) y se han presentado 347 pliegos completos (17.350 firmas) y otras 1.525 firmas en pliegos incompletos. Más del 10 por ciento de estas firmas han sido rechazadas por datos insuficientes, letras ilegibles, firmas procedentes de otras Comunidades Autónomas o firmas repetidas.

Urcacyl ha explicado que conforme se han enviado los pliegos con las firmas a la Junta Electoral de Castilla y León esta los ha remitido a la Oficina del Censo Electoral, que ha acreditado la inscripción en el mismo de los firmantes y ha realizado la comprobación y el recuento de las firmas con las rúbricas presentadas hasta el día 27 de noviembre.

Una vez finalizado el plazo de presentación de firmas (el día 15 de diciembre), la Junta Electoral de Castilla y León, previa citación a la Comisión Promotora, procederá a hacer el recuento definitivo en un acto público.

Una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos, la Junta Electoral los certificará en el plazo de un mes ante la Mesa de las Cortes, "que ordenará la publicación de la iniciativa en el Boletín Oficial de la Cámara, y la iniciativa quedará en condiciones de iniciar su tramitación parlamentaria".

Esta tramitación se efectuará conforme a lo que dispone el Reglamento de las Cortes para las proposiciones de ley para lo que se deberá designar la Comisión Promotora una persona que comparecerá ante la Comisión de las Cortes competente por razón de la materia, para que exponga los motivos que justifican la presentación de la iniciativa legislativa popular.

"Desde Urcacyl se espera, su toma en consideración y que se incluya en el Orden del Día del Pleno de forma inmediata, sin agotar el plazo máximo de seis meses establecido", han reclamado los representantes de las cooperativas de Castilla y León.