Actualizado: martes, 27 diciembre 2016 17:59

VALLADOLID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado este martes al equipo de Gobierno encabezado por el alcalde, Óscar Puente, que prosiga con el proyecto de soterramiento del ferrocarril en la ciudad y que "no abandone a los vecinos", pues consideran que la decisión de proponer concurso de acreedores de la Sociedad Alta Velocidad puede tener como consecuencia "el abandono" del proyecto.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Grupo Popular se ha pronunciado sobre la decisión tomada este martes por los socios de Valladolid Alta Velocidad --Renfe, Adif, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León-- de convocar Junta General para el mes de enero en la que posiblemente se propondrá el concurso de acreedores de la Sociedad.

El Grupo Popular ha señalado que este proceso, que conllevaría también como una posibilidad la disolución de la entidad, puede suponer "el abandono" del proyecto ferroviario, por lo que han reclamado al regidor socialista que "no haga peligrar más" el soterramiento y "refuerce la voluntad municipal de continuar".

Los 'populares' han recalcado que el Ministerio de Fomento ha manifestado su voluntad de aportar "los 200 millones que le corresponden" del préstamo de 404 millones que tiene pendiente de devolver la Sociedad, a cambio de que "el Ayuntamiento hiciera frente a los intereses de 2,8 millones de euros fruto del aplazamiento de la deuda entre marzo y fin de año", una moratoria que, han recordado, firmó el propio ayuntamiento.

Por ello, critican que la negativa de Puente y el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, de afrontar cantidad alguna de esa deuda "es lo que puede acabar, por desgracia, con un proyecto tan deseado por los vecinos de Valladolid".

Los 'populares' han recalcado que no entienden "cómo un ayuntamiento que deja de ejecutar 100 millones de euros de su presupuesto de este año, puede dejar morir el proyecto más importante que afronta esta ciudad" al no hacer frente a un pago que es "30 veces menor que el total del dinero recaudado y no gastado por el ayuntamiento".

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