PP denuncia "engaño e improvisación" en la ZBE de León tras una resolución desfavorable del Procurador del Común

LEÓN, 10, (EUROPA PRESS)-

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, ha criticado el "engaño e improvisación" en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad después de una resolución desfavorable emitida por el Procurador del Común tras las quejas presentadas por esta formación política.

En una rueda de prensa convocada a tal efecto, Fernández ha asegurado que el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, ha restringido el tráfico de las calles Gil y Carrasco, San Agustín, Alfonso V y Ramiro Valbuena "de manera ilegal".

Para el dirigente 'popular', el Consistorio leonés ha implantado una ZBE "por la puerta de atrás, saltándose la ley". El modo de proceder del regidor ha adolecido, a ojos de la oposición, "de falta de diálogo" en el desarrollo de una Zona "con duras restricciones".

El PP ha considerado esta actuación como "un engaño" ya que antes de las pasadas elecciones, han asegurado que Diez afirmó que dichas peatonalizaciones constituirían "un calmado de tráfico, permitiendo la circulación a 10 kilómetros por hora y estacionamientos", posicionamiento que cambió tras los comicios.

"La misma obra que valía para que hubiera tráfico y aparcamientos sirve ahora para ser peatonal, con el resultado lamentable que está a la vista de todos tras gastar más de 2 millones de euros: calles de dudoso gusto estético y sin zonas verdes ni sombras", han criticado.

Para la formación política de la oposición el alcalde tomó la decisión "engañando a los leoneses antes de las elecciones y sin someterlo a la voluntad de ningún órgano colegiado municipal, con consecuencias para el tráfico como embotellamientos, lentitud en la circulación en el centro y problemas de aparcamiento".

El portavoz municipal ha proseguido su intervención remarcando "las dudas en la legalidad" de gastar el importe indicado para, como señalan los propios contratos, "implantar una Zona de Bajas Emisiones" en León y "restringir derechos y libertades sin haber aprobado primero la ordenanza donde se fijen las normas y la delimitación de la misma".

RESOLUCIÓN PROCURADOR DEL COMÚN

Por estos motivos el Grupo Municipal del PP presentó una queja ante el Procurador del Común, que ha emitido una resolución en la que, según los convocantes de la comparecencia, "la conclusión es clara: el alcalde ha restringido el tráfico de las calles Gil y Carrasco, San Agustín, Alfonso V y Ramiro Valbuena de manera ilegal".

"El Procurador del Común determina claramente que el propósito del Ayuntamiento con esas obras ha sido en todo momento promover la implantación de una ZBE y que el alcalde no puede restringir el tráfico por sí mismo y con un simple decreto de Alcaldía, pidiéndole que elimine las restricciones establecidas en esas calles hasta que se apruebe la ordenanza correspondiente, cosa que le urge a realizar a la mayor brevedad", ha detallado Fernández.

El Partido Popular ha recordado que el Ayuntamiento adjudicó en septiembre de 2022 un contrato por valor de 122.000 euros para la implantación de una ZBE en León con un plazo de ejecución de este de dos años, "el tiempo suficiente para perpetrar el engaño".

Entre las "pruebas de la voluntad del alcalde de implantar esa ZBE por la puerta de atrás", los 'populares' incluyen una partida de 1,9 millones de euros para adquirir el equipamiento y los suministros necesarios para la señalización de una ZBE, "un material que ya está siendo colocado sin siquiera conocer la Ordenanza".

David Fernández ha asegurado que "el alcalde lleva gastados más de 4 millones de euros en implantar una ZBE, con actuaciones ya realizadas en calles y con equipamiento ya adquirido y colocado cuando el proyecto de implantación de la ZBE encargado ni siquiera había sido concluido y tampoco debatido en Pleno".

Entre los elementos a tener en cuenta para la implantación de esa Zona de Bajas Emisiones señalados por el Procurador del Común, se encuentra seguir el proceso de tramitación de una ordenanza, la justificación ambiental de las futuras restricciones, y que se recoja en una memoria el impacto económico de dicha implantación.

"Como ya he afirmado muchas veces, en el PP no estamos en contra de las peatonalizaciones, pero sí estamos en contra de las chapuzas legales, de los engaños y de las improvisaciones de este alcalde, que luego además se permite en los plenos dar lecciones de nivel y buena gestión a los demás cuando ni siquiera es capaz de ser honesto con los vecinos y de cumplir la ley, que es lo mínimo exigible a un gobernante", ha señalado.

El concejal del PP ha indicado, por último, que "a la vista de esta resolución, si el alcalde no actúa en consecuencia", su partido tomará "todas las medidas necesarias" para garantizar los derechos de todos los leoneses que, según su argumentación "han sido vulnerados" por Diez.