VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Castilla y León cuenta con 596 prestaciones reconocidas de asistente personal, una figura que la Plataforma Representativa de Discapacidad (Predif) y la Federación de Salud Mental en la Comunidad potenciarán y para la que formarán a profesionales con la colaboración de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Para ello, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, el presidente de Predif CyL, Francisco Sardón, y el presidente de la Federación Salud Mental Castilla y León, Jesús Corrales, han firmado un acuerdo de colaboración.
En virtud del mismo las tres partes se comprometen en la promoción de la figura de la Asistencia Personal entre las personas dependientes y/o con discapacidad desde el convencimiento de que se trata de una prestación eficaz para apoyar la vida independiente y apoyar las necesidades de estas personas, han explicado.
En concreto, Predif promocionará en el ámbito autonómico la prestación de la asistencia personal a través de la oficina de Servicio Integral de Asistencia Personal --la primera del país, abierta el año pasado-- y otras vías.
La Federación Salud Mental promoverá la prestación del servicio de asistencia personal a través de sus once entidades y once delegaciones en el ámbito rural y la Consejería apoyará a ambas entidades en las actuaciones de promoción y sensibilización y en las acciones de formación a través de subvenciones en régimen de concurrencia para la realización de itinerarios de empleo para personas con discapacidad.
En este contexto, Alicia García ha destacado la importancia de esta prestación, en la que trabaja la Junta de la mano del Tercer Sector, ya que aporta múltiples ventajas y posibilidades de vida independiente para las personas dependientes.
La consejera ha señalado que en los dos últimos años casi se han triplicado el número de estas prestaciones, hasta llegar a las 596 prestaciones reconocidas en la actualidad (a 31 de diciembre de 2017), aunque a lo largo de 2017 se registraron 754 las personas distintas beneficiarias de la misma, frente a las 386 de 2016, lo que supone un incremento del 95 por ciento.