VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
Castilla y León ha registrado un "máximo histórico" poblacional del águila imperial ibérica, al pasar 16 parejas entre los años 1997 y 1999 a superar el centenar de territorios a partir del año 2019, además de que en 2023 se localizó a esta especie en 160 territorios.
Según los datos aportados por la Consejería de Medio Ambiente, se trata de los resultados del censo de águila imperial ibérica, realizado en el año 2023 por sus técnicos, agentes medioambientales y celadores de medio ambiente, ya que es una de las especies de Castilla y León con un seguimiento "más exhaustivo" desde hace décadas.
Como indican los resultados, la especie ha pasado de registrar su mínimo histórico, de 16 parejas, entre los años 1997 y 1999, a alcanzar en el año 2005 una población de 29 territorios; 45, en 2010; 68, en 2015; y superar el centenar a partir del año 2019.
En el año 2023 se contabilizaron un total de 160 territorios en Castilla y León, distribuidos entre las provincias de Segovia, con 51 territorios; Ávila, con 42; Valladolid, 35; Burgos, con 11; Zamora, con diez; Salamanca, con ocho territorios, y Palencia, con tres territorios.
Este aumento poblacional en los últimos años ha ido acompañado de un "notable" aumento del área de distribución, en la que se ha pasado de contar con parejas reproductoras en 16 cuadrículas UTM 10x10 kilómetros en 1998, hasta las 114 cuadrículas en 2023.
La tendencia "positiva" en la población pone de manifiesto la "efectividad" de las diferentes medidas de gestión y conservación adoptadas, como la alimentación suplementaria en determinados territorios, la monitorización y corrección de la mortalidad provocada por la colisión y electrocución en tendidos eléctricos y la aplicación de prácticas de gestión forestal sostenible a través de instrumentos de planificación y ordenación forestal en los montes públicos y privados.
Por otro lado, el efecto de la recuperación en extensión y abundancia de las poblaciones de conejo silvestre en determinadas áreas de la cuenca del Duero.
Estas actuaciones comenzaron en el año 2003, cuando la Junta de Castilla y León aprobó el primer plan de recuperación para esta especie y definió como áreas críticas aquellas zonas con importancia para la nidificación y la alimentación, y su designación tenía que realizarse dentro de las Zonas de Especial Protección para las Aves.
Concretamente, se definieron 24 áreas críticas ubicadas en 11 ZEPA diferentes de las provincias de Ávila y Segovia: Pinares de Peguerinos, Pinares del Bajo Alberche, Cerro Guisando, Valle de Iruelas, Valle del Tiétar, Dehesas del Río Gamo y el Margañán, Encinares de la Sierra de Ávila, Encinares de los Ríos Adaja y Voltoya, Sierra de Guadarrama, Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos y Voltoya y del Zorita.
No obstante, debido a la mejora poblacional y a la expansión del área de distribución, en el año 2023, "únicamente" el 12,5 por ciento de los territorios de nidificación, 20 territorios, coincidieron con áreas críticas definidas en el año 2003, por lo que resulta "necesario" llevar a cabo una revisión y actualización de estas zonas, así como de sus criterios de designación.
En este aspecto, otros espacios se han mostrado como "herramientas de protección" igualmente eficaces para esta especie. Por ejemplo, en el año 2023, aproximadamente el 60 por ciento de los territorios identificados se localizaron en Zonas de Especial Protección para las Aves, en Zonas de Especial Conservación, en montes gestionados por la Junta de Castilla y León o en montes con instrumentos de planificación forestal en vigor.
Concretamente, de los 160 territorios del año 2023, aproximadamente el 29 por ciento se localizaron sobre montes gestionados por la Junta de Castilla y León con instrumentos de planificación forestal en vigor.
Con respecto al sustrato de nidificación empleado por la especie en 128 territorios en el año 2023, aproximadamente el 69 por ciento se localizaron sobre distintas especies del género Pinus, seguido, en menor medida, por en género Populus, (19,5 por ciento).
Según ha explicado la Junta, esto pone de manifiesto la "necesidad" de aplicar los mismos criterios de gestión forestal sostenible a través de los instrumentos de planificación y ordenación forestal, tanto en los montes públicos como en los privados.