Profesora de la ULE aboga por un análisis común de la UE sobre libre circulación ante las restricciones que se plantean

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de León Aurelia Álvarez considera que la Unión Europea debería reunirse y analizar el derecho de libre circulación dentro del espacio Schengen antes de permitir que los Estados miembros sigan adoptando medidas que suponen una restricción de esta libertad, como la que estudia Alemania y que podría suponer la expulsión de los europeos en su territorio que no hayan encontrado trabajo al cabo de tres meses.

En declaraciones a Europa Press, Álvarez ha apuntado que adoptar una medida similar "requeriría que todos los Estados miembros se pudieran de acuerdo", de modo que "si se quieren introducir las nuevas restricciones que se están viendo" en países como Bélgica, que en los últimos meses retiró el permiso de residencia a más de 2.000 europeos, se hiciera de forma conjunta en todo el territorio UE.

Conforme ha explicado, la directiva europea de Libre Circulación recoge que para residir en otro Estado miembro durante más de tres meses, cualquier ciudadano comunitario debe contar con medios económicos para sostenerse y poder costearse su atención sanitaria, pero que en la práctica, sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y pronunciamientos del Parlamento Europeo mediante, las restricciones sólo se han aplicado a casos de seguridad nacional.

Para la experta, la norma plantea que a partir de esos tres primeros meses hay que tener recursos económicos "porque entiende que cuando uno se mueve por el territorio europeo lo hace por una razón, sea de trabajo en cuyo caso tiene actividad económica remunerada o por estudios", pero no fija distinción entre más o menos recursos. Por eso, Álvarez considera importante "saber qué interpretación se está haciendo" de la misma en países como Bélgica, Alemania o Suiza.

En su opinión, "el problema de base es la reagrupación", que permite a nacionales comunitarios traer de fuera de la UE a sus familiares, --hijos hasta 21 años, cónyuge o análogo y ascendientes en determinados casos--, y tradicionalmente es "lo que más ha preocupado" a los Estados miembros de la Unión Europea, junto a la migración procedente de Rumanía y Bulgaria.

Con todo, dice que "si los Estados quieren introducir las nuevas restricciones que se están viendo tendrían que modificar el texto, definir un procedimiento y aprobarlo". "Habría que ver, por ejemplo, qué entiende el Tribunal Europeo que es 'no suponer una carga para el Estado' anfitrión, algo que no ha sido definido. En todo caso, esto necesita una interpretación por parte de la Unión Europea", ha añadido.

La experta afirma que en el Parlamento Europeo "preocupa que los Estados miembros desvirtúen la libre circulación" con medidas nacionales como la que ahora plantea Alemania y así lo manifestó en una resolución el pasado mes de enero. Sin embargo, los países miembros siguen adelante en lo que para Álvarez, son "reinterpretaciones" del derecho comunitario.

"Se están imponiendo restricciones a la circulación de nacionales de la Unión Europea y lo que ha costado tantos años construir, ahora se está restringiendo y lo están haciendo los Estados por su cuenta, reinterpretando solos la directiva europea (...) y estableciendo un sistema que al final, es de dos clases, uno para los migrantes pobres y otro para los ricos", ha apuntado.