Propietarios del bloque ocupado de Arroyo advierten de gestiones "lesivas" para sus derechos

   Rechazan que se puedan conceder alquileres sociales a 'okupas'

   VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Propietarios de un bloque de viviendas de la urbanización Sotoverde, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde se produce la ocupación ilegal de varias decenas de pisos desde hace "dos años", han advertido de que las actuaciones de Sareb, propietaria de buena parte de esas viviendas, para afrontar la situación son "lesivas" para sus derechos y les pueden causar "perjuicios económicos".

   Así lo han señalado fuentes de la comunidad de propietarios 'Arroyovereda' en un comunicado recogido por Europa Press, en el que apuntan que han recurrido al asesoramiento jurídico con el objetivo de "enervar cualquier acción que lesione los derechos de los propietarios" e incluso "iniciar las correspondientes derivaciones de responsabilidad por los perjuicios económicos y daños morales" que entienden que han sufrido en los dos últimos años.

   En el comunicado señalan que en esta promoción, aunque se han producido varios desahucios, "todavía" hay "al menos 45 viviendas 'okupadas'" de las 190 que forman el bloque --en mayo de 2023 las mismas fuentes situaban la cifra en unas 80--. Se trata en muchos casos de personas que consideran "conflictivas" y que "perjudican la convivencia y vida diaria del resto de vecinos".

   La Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, que es propietaria de esas viviendas, lleva a cabo desde entonces, según explicaron fuentes de esta entidad en su momento, un "protocolo" de actuación ante ocupaciones para solventar la situación.

   Ante la llegada de cartas a algunos de los inquilinos irregulares que indican la "no idoneidad para la adjudicación de alquileres sociales", los propietarios interpretan que se podría estar llevando a cabo un proceso para considerar estos pisos como "viviendas sociales", algo que les genera malestar.

   Así, rechazan que las autoridades "locales, provinciales o regionales" puedan otorgar "posibles alquileres sociales en viviendas que cuentan con un precio de suelo y unas condiciones no propias para tal fin".

   Mientras tanto, indican que ante las actuaciones de Sareb la mayoría de los residentes en las viviendas que siguen ocupadas de manera irregular "no se identifican", lo que dificulta el desalojo y clausura mientras "viven y disfrutan de todos los servicios comunes de esta comunidad de propietarios de forma impune y gratuita".

   Además, en el comunicado aseguran que se producen "okupaciones ilegales de forma continuada ya que desaparecen unos inquilinos y aparecen otros en cuestión de horas, con una rotación de viviendas y personas constantemente".

   Mientras tanto, los propietarios de viviendas lamentan que "desde hace más de dos años" se ven afectados por "una bajada exponencial del precio de sus viviendas", con casos de vecinos que ya han vendido sus pisos pese a la considerable pérdida de valor, con otros perjuicios como "la salida de inquilinos" que perjudica a los usuarios que utilizan la vivienda para rentabilizar una inversión.

   Han recalcado que se trata de personas que en su momento apostaron por el municipio de Arroyo de la Encomienda, y por adquirir "una vivienda de calidad mediante ahorros y préstamos hipotecarios", pero ahora se ven perjudicados por una situación cuya solución considera que sufre "una demora sine die".

CONFLICTIVIDAD.

   Los propietarios han recalcado que los inquilinos que ocupan irregularmente las viviendas son "conflictivos" y perjudican la convivencia, con casos como el acceso a pisos de "una, dos o tres habitaciones" y trasteros "por la fuerza"; la utilización de patios "privativos pero de uso comunitario" para encerrar animales que los "llenan de excrementos", o situaciones de conflicto en zonas comunes, entradas peatonales o de vehículos que no son denunciadas por los habitantes "por miedo a represalias".

   También indican los "graves deterioros en zonas comunes en las que se encuentran estos inquilinos ilegales", con el "elevado" coste que supone a la comunidad repararlo, o la presencia de "basuras, excrementos animales y humanos así como otros fluidos" en zonas comunes con "frecuencia muy elevada".