El PSCyL se felicita de la fiscalización del HUBU por el Consejo de Cuentas y confía en que aflore sus irregularidades

VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León se ha felicitado por la aprobación del proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio de 2022 tras recordar que el mismo incluye, por fin, la "reivindicación histórica" de los socialistas para auditar la construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

En el debate previo antes de la aprobación suscitado en la Comisión de Economía y Hacienda celebrada esta tarde en sede parlamentaria, donde el referido plan ha gozado del respaldo de todos los grupos, la socialista Rosa Rubio Martín ha aprovechado, en primer lugar, para censurar la tardanza a la hora de sacarlo adelante, con seis meses de retraso desde que fue aprobado el 9 de diciembre de 2021 por el Consejo de Cuenta a causa de la "convocatoria anticipada de elecciones por parte del señor Fernández Mañueco, en un ejemplo, una vez más, de las decisiones del PP que siempre perjudican los intereses de esta Comunidad".

Rubio ha subrayado sobre todo la inclusión en el plan de fiscalizaciones de lo ocurrido con el HUBU, y ello "a pesar de que el PP, año tras año, se ha venido oponiendo a ello, auditoría ahora que realizará el Consejo de Cuentas debido a que, como así ha destacado su presidente, "la sorpresa fue que la Gerencia Regional de Salud no ha concretado los gastos no sanitarios y se ha limitado a facilitar el canon".

Por ello, la socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press, confía en que el Consejo de Cuentas contribuya a aflorar lo ocurrido con la "obra más vergonzosa de Castilla y León, esa que el anterior presidente, Juan Vicente Herrera, dijo que sería barata, de construcción rápida y no originaría deuda a la Comunidad.

Pues bien, Rubio recuerda que el canon a treinta años ha supuesto para Castilla y León un coste de 800 millones, aunque acabará costando más de 2.000 millones. "Supone más de la mitad de la obra pública más costosa en el mundo, el canal de Panamá", ha recordado la socialista, quien por eso confía en que la fiscalización del HUBU llegue hasta las últimas consecuencias, ahora que se cumplen diez años de la finalización de la obra, y "se ha demostrado que fue una obra redonda, pero para el bolsillo de los promotores privados".

En su alocución, la portavoz socialista también ha afeado que Vox ponga ahora en entredicho el funcionamiento del Consejo de Cuenta, "como hace también con el Estado de las Autonomías", y ha recriminado igualmente a dicha formación sus críticas al coste de funcionamiento del referido órgano, "cuando salen más caros sus trece procuradores pues aún no han presentado ninguna iniciativa".

También han respaldado la labor fiscalizadora del Consejo de Cuentas el portavoz de UPL-Soria Ya, José Ramón García Fernández, y la representante del PP, Leticia García Sánchez, por representar, en palabras del primero, un "órgano fundamental para Castilla y León, una Comunidad poco cumplidora, y necesario para erradicar la palabra corrupción a la hora de hablar de la administración".

La parlamentaria del PP, por su parte, ha aprovechado para demandar un nuevo sistema de financiación autonómico para poder cubrir los servicios públicos esenciales, entre ellos la sanidad, que supone el 80 por ciento del gasto público, y también ha alabado la gestión de la deuda pública realizada por el Ejecutivo autonómico tras aludir a que Castilla y León ocupa la novena posición en evolución de la misma y "es una de las más saneadas que avanza en su reducción".

Más crítico se ha mostrado el portavoz de Vox, Francisco Javier Carrera Noriega, tanto por el presupuesto del Consejo de Cuentas, más de cuatro millones de euros, y con una plantilla de 71 empleados, como por el "endémico retraso en la elaboración de sus planes de fiscalización anual".

Para el representante de Vox, el órgano que preside Amilivia como órgano de control externo debe de ser "un ejemplo para que sus planes sean presentados en márgenes razonables, con mayor rigor y con estándares de calidad", a la vez que ha demandado un control de los fondos recibidos por los sindicatos, las organizaciones empresariales y las organizaciones no gubernamentales.