Lamenta que la orografía de la zona, la inversión térmica, la sequedad del terreno y la velocidad del viento dificultan la extinción
VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha advertido de la complejidad para atajar el incendio declarado este lunes en la Sierra de La Cabrera, en la provincia de León, que lleva arrasadas más de 8.000 hectáreas de matorral, mata de roble y repoblaciones de pino, y alerta de que lo peor podría llegar en las próximas horas, fruto de temperaturas elevadas y el incremento de la velocidad del viento, sin descartar que el frente norte del fuego, el más problemático, pueda obligar a nuevos desalojos.
Suárez-Quiñones, quien ha comparecido, junto con la consejera portavoz, Milagros Marcos, tras el Consejo de Gobierno, para informar sobre la evolución de los trabajos de extinción de las llamas del que es considerado como uno de los más graves incendios de los últimos años en extensión en la Comunidad, no así en cuanto a vegetación, superado en este capítulo por el de Fabero, también en León, registrado en 2016, ha aprovechado para lanzar un mensaje de tranquilidad basado en el operativo que está luchando en la zona contra el fuego pero, al mismo tiempo, ha reconocido las graves dificultades a las que se están enfrentando para su control.
La compleja orografía, con laderas y pendientes muy escarpadas, que impiden o limitan la actuación de la maquinaria, como está ocurriendo, fundamentalmente, en el frente norte del incendio; el fenómeno de inversión térmica que se está produciendo, lo que acumula capas de aire caliente en la parte superior de la atmósfera que impide que el humo se disipe, reduciendo o eliminando las posibilidades de vuelo de las aeronaves; la sequedad del terreno y la vegetación, así como la velocidad del viento, que se espera que se agrave hoy y mañana, son los principales escollos enumerados por el consejero para combatir el fuego y provoca que las llamas avancen mucho más rápido.
Así, mientras en los frentes sur, limítrofe con Zamora, y los este y oeste "se ha alcanzado una cierta estabilización y no hay llama, aunque son un mar de rescoldos que en cualquier momento podrían reproducirse con vientos de más de 20 kilómetros por hora", Suárez-Quiñones insiste en que el frente norte, que afecta a una zona muy escarpada de difícil acceso, es el más problemático "y se está acercando a Nogar y Robledo de Losada, donde hay ya un plan establecido, y sus poblaciones podrían tener que ser desalojadas" para evitar los efectos del humo, al igual de lo que ya ocurriera este miércoles en Forna, Trabazos y Losadilla y el día anterior en Santa Eulalia y Villarino.
LA PROTECCIÓN DE LOS VECINOS, PRIORIDAD
"Las peores horas son las que vienen ahora, tanto por la temperatura como por la velocidad del viento", apunta el consejero, quien, con todo, insiste en el mensaje de tranquilidad por cuanto el objetivo principal del operativo se dirige a "la protección de los vecinos", tarea en la que ha destacado la labor desplegada por alcaldes de la zona y los medios de comunicación, y desaconseja actuaciones individuales o aisladas de los habitantes de la zona al margen de las directrices oficiales.
Respecto de la magnitud del incendio, Suárez-Quiñones facilita como primera cifra las 8.000 hectáreas, aunque también precisa que dentro del perímetro afectado hay zonas que no se han visto afectadas, de ahí la cautela a la hora de fijar la superficie devastada por las llamas.
Además, el consejero ha insistido en la intencionalidad del incendio debido a la hora en la que se inició el pasado lunes, sobre las 21.00 horas, cuando ya los medios aéreos no podían actuar en la zona y difícilmente incluso podían realizar sus trabajos efectivos terrestres.
Preguntado por si el Código Penal actual es suficiente para hacer desistir a los pirómanos, el titular de Fomento y Medio Ambiente y jurista a su vez entiende que las penas establecidas son suficientes y recuerda que en el presente fuego el autor, en el supuesto de que fuera detenido, podría enfrentarse a penas de hasta 30 años de prisión.