Régimen de financiación para asegurar la sostenibilidad del transporte por carretera

VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La futura Ley de transporte de viajeros por carretera de Castilla y León prevé un régimen de financiación del transporte público con el principal objetivo de asegurar su sostenibilidad económica y financiera ya que España es "uno de los escasos países de la Unión Europea" que carece de una norma específica en la materia.

Según los datos de la Junta, el déficit del transporte público por carretera ronda los 13 millones de euros cada año por lo que la nueva regulación busca mejorar la eficiencia y reducir ese déficit a través de una nueva organización que prevé modificar líneas obsoletas y reforzar otras donde sean más necesarias.

Esta es una de las principales novedades de la futura ley de transporte de viajeros por carretera en la que trabaja ya la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que ha analizado este jueves en el Consejo de Gobierno el anteproyecto de una ley que tiene que pasar aún "muchos trámites" para dar voz y participación a todo el sector.

En este sentido, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha apuntado a la posibilidad de llevar el proyecto al Consejo de Gobierno tras el verano, si bien ha aclarado que todo depende de las alegaciones que se formulen en el periodo de consulta y participación.

El consejero ha insistido en la necesidad de adaptar el mapa de transporte de viajeros por carretera que data de los años 80 a la nueva realidad del siglo XXI y a la nueva organización del territorio derivada de la Ley de Ordenación y Gobierno del Territorio de Castilla y León desde el reconocimiento de que el flujo de transporte y las UBOST deben ir "absoluta e indiscutiblemente" unidos.

A efectos de la aplicación al modelo de ordenación del territorio, la ley distingue el diseño de la movilidad en las áreas funcionales estables caracterizadas por la "alta concentración de población y de actividad económica" donde concurre un interés metropolitano y la necesidad de coordinación entre los distintos modos de transporte (urbano e interurbano).

También distingue unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, caracterizadas por la dispersión y baja densidad poblacional, donde concurre un interés de la Administración por fijar población mediante la garantía de la movilidad de las personas que residen en estas zonas, "posibilitando el acceso a los servicios básicos y la interconexión o transbordo con los servicios de transporte que acceden a las capitales de provincia o a centros urbanos de mayor entidad".

Regula también la movilidad en la red de espacios naturales y promueve la accesibilidad a la misma y la compatibilidad con su régimen de explotación.

CATÁLOGO DE DERECHOS

Otras de las novedades de la futura ley son la creación de un catálogo de derechos y obligaciones de los usuarios, como el derecho a la accesibilidad, a ser oídos o a un transporte de calidad, de cuya tutela se responsabiliza a la Administración, y el reconocimiento por ley del transporte a la demanda, "un referente en España que permite que los ciudadanos de las áreas rurales tengan los mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades".

"La futura ley permitirá diseñar una red de infraestructuras que responda a criterios de modernización, confort y seguridad en las que puedan implementarse acciones e instrumentos para su sostenimiento, financiación y gestión", ha explicado el consejero, quien ha recordado las "peculiares características" de Castilla y León por su extensión territorial, baja densidad demográfica, amplia dispersión geográfica y "envejecimiento acusado", especialmente en el medio rural.

Por este motivo, el nuevo texto legislativo pretende garantizar un sistema "eficiente, seguro, moderno y de calidad" y dar respuesta a esa realidad de Castilla y León, con más de 6.000 núcleos de población, 190 operadores y 300 títulos concesionales, "todo ello con el máximo aprovechamiento de los recursos".

Otra novedad es la regulación de los contratos zonales como "fórmula más adecuada" para la prestación de los servicios en Castilla y León a través de un tipo contractual de referencia en la explotación de este servicio público que propiciará que el transporte de uso especial (escolar) se preste a través del sistema concesional de transporte de uso general.

"Esta medida conllevará un significativo incremento de la oferta de servicios a los ciudadanos y una mejor asignación de recursos dedicados a los mismos, tanto en lo que se refiere a su financiación como al material rodante", ha augurado el consejero que ha cifrado en 478 las rutas de transporte integrado en 1.548 localidades con otras 190 en el curso 2017/2018.

Por otro lado, la nueva ley incluye la regulación de las infraestructuras complementarias al transporte, declara su "publicatio", e incorpora el régimen aplicable a las estaciones de transporte de viajeros por carretera "como principal elemento auxiliar de transporte".

Además, procederá a un reconocimiento legal, a nivel autonómico, de las Juntas Arbitrales de Transporte y del Consejo de Transportes de Castilla y León y regulará el régimen de inspección, infracciones y sanciones.